El proyecto de muerte digna modifica la ley sobre Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud y establece el “derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también revocar posteriormente su manifestación de la voluntad”.
En el marco de esta potestad, el paciente que presente una “enfermedad irreversible, incurable o que se encuentre en estado terminal” tiene el “derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital”.
Asimismo, el proyecto aclara que “ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones” de esta legislación “está sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa”.
El presidente de la Comisión de Salud del Senado, el radical José Cano, expresó que con la sanción de esta Ley se está “atendiendo un reclamo social por la ausencia de legislación en esta materia”, así como adecuando la legislación argentina a “varios tratados internacionales”.
“Estamos garantizando derechos, estamos recuperando el rol que debe tener en el arte de curar el equipo médico”, explicó Cano para luego señalar como el principal objetivo de la norma el de “respetar la autonomía de la voluntad del paciente”.
A su turno, el oficialista Aníbal Fernández aclaró que la iniciativa “no es eutanasia porque eso significaría acelerar la muerte del paciente”. “Este es el derecho del paciente a morir dignamente”, enfatizó Fernández, tras lo cual dijo que se estaba “en presencia de un concepto que avalan todas las religiones” al mencionar la encíclica Evangelium Vitae escrita por el papa Juan Pablo II en 1995 en la que menciona que “se puede en conciencia renunciar a unos tratamientos que procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia”.
El titular de la bancada radical, el formoseño Luis Naidenoff, manifestó que este “proyecto que pone en valor aquellos problemas cotidianos que tienen que ver con el dolor de miles de ciudadanos en nuestro país”.
“Este proyecto se enmarca en el respeto por la dignidad y por la autonomía de las personas en el contexto de la libertad general”, sentenció.
El socialista Rubén Giustiniani manifestó que el Senado votó una “ley que dignifica a este Congreso Nacional” y que “la muerte digna está vinculada con los derechos individuales y personalísimos”.
“Estamos dando una respuesta para terminar con el sufrimiento de miles de familias que padecen la extensión artificial de la vida de los pacientes”, expresó el senador santafesino.
Además, Giustiniani adelantó que la ley apunta a “terminar con el encarnizamiento terapéutico motivado, muchas veces, por intereses económicos”. En cambio, la justicialista disidente Sonia Escudero pidió modificar el proyecto en el articulado que menciona el derecho del paciente a no ser alimentado ni hidratado, como uno de los métodos de muerte digna.
“La eutanasia activa es cuando le doy una inyección al paciente para terminar con su vida. La eutanasia pasiva es cuando omito la alimentación. En este caso, estamos ante un caso de eutanasia pasiva”, mencionó.
Para Escudero “no es muerte digna quitarle a un paciente la alimentación y la hidratación”; y agregó que “si esta ley necesita ser corregida con otra ley, no es una buena ley”.
En ese sentido, la oficialista Liliana Fellner mencionó su “preocupación” de que “esta ley no sea una herramienta válida y termine en la justicia” porque “hay contradicciones en la propia Ley” y “no están previstos los comités de bioética”.
Identidad de Género
El proyecto, que obtuvo 55 votos a favor, determina por “identidad de género” a la “vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”.
“Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”, establece el artículo segundo de la iniciativa.
Además, toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida.
En ese sentido, toda persona que solicite la rectificación registral del sexo debe ser mayor de 18 años y presentarse ante el Registro Nacional de la Personas para modificar sus datos, salvo el número del documento original.
La rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia que se mantendrán inmodificables.
Además, los efectores del sistema de salud deberán garantizar los derechos que esta ley reconoce, al tiempo que todas las prestaciones de salud contempladas en la Ley quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio.
La presidenta de la Comisión de Legislación General, la kirchnerista santiagueña Ada Iturrez de Capellini, manifestó que esta Ley “entregará oportunidades, para todos por igual”, aunque reconoció que “todavía quedarán muchas cosas por hacer por la inclusión”.
“Esta norma es una consecuencia de la Ley de Matrimonio Igualitario, aprobada en 2010. Garantizará que desde el Estado cada persona será tratada y tutelada como lo que siente que es”, enfatizó.
A su turno, el presidente de Derechos y Garantías, el radical Eugenio Artaza, dijo que “es un avance importantísimo” y que se trata de un “derecho humano básico para poder dignificarse”.
En tanto, el oficialista Aníbal Fernández reconoció que la Ley de Identidad de Género “tendría que haber sido sancionada mucho antes”. “No se pudo. Pero, lo estamos haciendo hoy”, sentenció el senador bonaerense.
El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, felicitó al “Congreso por sancionar una Ley que le permita a la gente intentar ser más feliz”.
“La sociedad argentina es un poco mejor esta noche. Permite ir superándonos, ser un poco mejores, más comprensivos”, destacó.
El socialista Rubén Giustiniani subrayó que “establecer a partir de una ley la vía administrativa para la rectificación registral del sexo y cambio de nombre en los documentos de identidad es el primer paso para empezar a revertir esta realidad de discriminación y violación constante de los derechos humanos por razón de identidad de género”.
El oficialista Marcelo Fuentes habló de la “extorsión de la religión” y del “síndrome del púlpito” argumentando que “estamos con dos mil años de atraso cimentando la secularización del derecho”.
“No va a haber reconstrucción igualitaria en la Argentina si los responsables de llevarles tranquilidad a sus files no los preparan para un mundo que marcha a los cambios”, rescató.
La justicialista disidente Sonia Escudero comentó que el proyecto repara “la falta de acceso a derechos declamados universalmente” y puntualizó que “si bien no hay números oficiales, estaríamos hablando de 22 mil personas que abarcaría esta Ley, de las cuales un 95 por ciento está en situación de prostitución y un 84 por ciento sin educación secundaria”.
