La iniciativa, presentada por los oficialistas Julio Cobos y Angel Rozas y aprobada por unanimidad, crea el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos a fin de asegurar el cumplimiento de las prestaciones alimentarias fijadas en virtud de resolución judicial o convenio homologado judicialmente, dejando habilitada y expedita la vía para la anotación allí del deudor moroso.
Una vez en el Registro, las consecuencias para el infractor incluyen limitaciones para el desarrollo de su vida personal, laboral y comercial, además del impedimento de salir del país que dicte el juez en el caso concreto.
