La propuesta también elimina la restricción que une el lavado de activos al acto de encubrir delitos ejecutados por otros, lo que impide en la actualidad la persecución penal del llamado “autolavado”. Y amplía las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la judicatura e incorpora nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.
Pero además, las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billetes, deberán reportar las transacciones que superen los 50.000 pesos, de esta manera las transportadoras de caudales, también estarán sujetas a esta nueva Ley. “En síntesis estamos transparentando el origen del dinero en Argentina”, explicó Guastavino.
Los senadores emitieron un segundo dictamen sobre una ley “correctiva” que incorporó modificaciones al texto original aprobado en la Cámara de Diputados.
