La historia, por conocida, no deja de ser inusual. En el mundo no abundan los ejemplos de vicepresidentes que, una y otra vez, operan desde su cargo para entorpecer la marcha del gobierno que los prohijó. Y si bien en esta oportunidad el desenlace no contó con el dramatismo del debut, las consecuencias no son menos graves: como ocurrió con la resolución 125, el voto de Cobos desempató una votación que apunta a desfinanciar al Estado. Es más: en su afán por recuperar los oropeles políticos perdidos desde aquella madrugada de excitación chacarera, con su voto crucial el vice-opositor contribuyó a convertir en ley un proyecto que, entre otras consecuencias, podría afectar la continuidad de la Asignación Universal por Hijo y, según denunció el oficialismo, podría llevar a la quiebra al sistema previsional.
Una de las voces de alerta respecto del proyecto que llegó con media sanción de la Cámara de Diputados fue la del doctor en Economía de la Escuela de Altos Estudios de París e investigador del Conicet Demian Panigo. “El artículo 1º apunta a aumentar la (jubilación) mínima, lo que es un caballo de Troya para este proyecto, porque por la difusión mediática pareciera que lo único que hace esta ley es aumentar la mínima, pero hay que remarcar que eso es una mentira”, explicitó el especialista, en declaraciones reproducidas por los periódicos Buenos Aires Económico y Tiempo Argentino. Y abundó: “Vemos con cierto estupor que el debate se centre en si hay o no hay plata para pagar la ley mal llamada de 82 por ciento móvil, porque en verdad su objetivo principal es aumentar las jubilaciones más elevadas”. Sobre ese punto, uno de los más polémicos de la norma impulsada por el autodenominado Grupo A, el economista explicó: “El tema es que el proyecto no sólo no prevé ningún recurso que pueda solventar esos costos, sino que además aumenta la desigualdad, porque suben mucho más las jubilaciones elevadas que las mínimas”.
Panigo destacó además que “se ha construido un discurso falso, mediático, diciendo que esta ley es para aumentar la mínima, cuando sólo el primer artículo habla de ello e involucra solamente 18 mil millones de pesos para eso, que es una cifra importante, pero es la parte minoritaria de lo que se prevé gastar en el proyecto”. El investigador advirtió que, en cambio, los artículos 5, 6, 7 y 12 estiman erogaciones por 40 mil millones de pesos que, según sus cálculos, “van a ir a los sectores de mayores ingresos. Estos artículos –detalló Panigo– generalizan fallos de la Corte que ya dieron incrementos de jubilaciones que pasaron de 4 mil a 30 mil pesos con retroactivos que en algunos casos superaron los dos millones de pesos. Estas son cifras inconcebibles en un sistema de reparto solidario”. El especialista evaluó, además, que esta transferencia de recursos previsionales sobre los sectores más acomodados redunda en un impacto prácticamente nulo sobre la pobreza, que bajaría apenas poco más de un punto porcentual. El mapa de la desigualdad se completaría, según los estudios de Panigo, con la concentración de las erogaciones en los centros urbanos: “Cerca del 60 por ciento de estos recursos van a estar destinados a la Capital Federal, el primer cordón del conurbano bonaerense, Córdoba y Santa Fe, los distritos más ricos, por lo que este proyecto no tiene un espíritu federal”.
Por último, Panigo recordó que el artículo 12 del proyecto “obliga al Estado a malvender sus activos, porque dice que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que se formó con los activos renacionalizados del sistema de AFJP, no podrá exceder el equivalente al pago de un año de haberes previsionales, que son unos 90 mil millones de pesos. Hoy el Fondo de Garantía vale 150 mil millones, o sea que obligan al Estado a vender 60 mil millones de pesos en acciones de un día para el otro. En estas condiciones de venta, sólo obtendría entre 20 mil y 30 mil millones. Los beneficiados serían los bancos y grandes inversores que por poca plata van a comprar activos que en verdad valen mucho más”, evaluó.
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