En 1999, el Congreso de la Nación sancionaba la Ley de Ética de la Función Pública. El capítulo III establecía el Régimen de declaraciones juradas que establecía la obligación de presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción de un cargo público.
En ese registro quedaban incluidos: a) El presidente y vicepresidente de la Nación, b) Los senadores y diputados de la Nación, c) Los magistrados del Poder Judicial de la Nación, d) los magistrados del Ministerio Público de Nación, e) El defensor del pueblo de la Nación y los adjuntos del defensor del pueblo, f) El jefe de gabinete de ministros, los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo, etc. La lista se extendía hasta llegar a: v) Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Congreso de la Nación.
En línea con la Nación se sancionaba ese mismo año en el Concejo Deliberante una ordenanza que establecía que quedaban obligados a presentar sus declaraciones juradas: el presidente de la municipalidad, los secretarios, subsecretarios, directores, jueces de faltas, concejales y quienes posean las categorías 22, 23 y 24 del escalafón municipal.
Incluso, se establecía el contenido de la declaración jurada: relación detallada de su patrimonio y cónyuge, concubina o concubino con más de dos años de convivencia, etc. Además se especificaba que cuando se tratase de derechos sobre bienes inmuebles se indicará fecha de adquisición, costo de origen, fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad, etc.
Además debía detallarse, llegado el caso, los capitales invertidos en explotaciones comerciales, industriales, financieros, agrícola-ganaderos, etc. Acciones y cuotas de participación en sociedades civiles o comerciales, dinero en cuentas corrientes, caja de ahorro o plazo fijo, bonos de la deuda, etc.
En el artículo 5º se especificaba que los funcionarios debían presentar la declaración en un plazo de 30 días de publicada la norma. “Vencido el término fijado en cualquiera de los casos, sin que se hubiere dado cumplimiento, se suspenderá el cobro de las remuneraciones que le correspondiera por el ejercicio de sus funciones… hasta tanto no cumplimente dicha obligación”, señala el artículo.
Además se establecía como “requisito indispensable presentar de la misma forma la declaración jurada patrimonial, antes de cesar en el empleo o cargo”. Las declaraciones iban ser publicadas además de ser presentadas ante el funcionario o escribano encargado al efecto quien controlará la documentación. Por último, se establecía que el registro debía conservar las declaraciones por el plazo de dos años posteriores a la cesación de las funciones del declarante.
En ese momento, el entonces concejal de la Alianza, Marcelo Spinelli, apoyaba el proyecto señalando que: “existe en la gente, en los vecinos, una gran necesidad de saber que pasa con los funcionarios y tenemos ejemplos muy concretos donde las dudas y las sospechas muchas veces han mancillado el prestigio de personas”.
Más adelante, sustentaba el acompañamiento “para que el municipio dé señales claras de una gestión transparente, que los vecinos sepan quienes son, que recursos tienen cuando terminan y que el fantasma del enriquecimiento empiece poco a poco a desaparecer de la clase política”. Y aunque el actual vocal de Cafesg admitía que existen mecanismos para burlar las normas que tratan de proteger las administraciones transparentes: “en la medida en que avancemos en norma y con el tiempo las perfeccionemos le vamos a estar quitando espacio para que los inescrupulosos y los ladrones del dinero de la gente se lleven lo que no corresponde”.
“Que la gente este segura que no es un dibujo”
La ordenanza sancionada en 1999 fue finalmente derogada a mediados de 2007. La «ordenanza de contabilidad» pasó a llamarse «Sistema de Administración Financiera y Control del Sector Público de la Municipalidad» y dentro de ella incorporó algunos conceptos de control. En un solo artículo se reguló la materia: Art 114°: “quedarán obligados a presentar las declaraciones juradas patrimoniales el Presidente Municipal, los Secretarios, Subsecretarios, Directores, Jueces de Faltas y Concejales, en el marco de la reglamentación de este artículo que deberá establecer el Departamento Ejecutivo Municipal. A tal efecto la Contaduría Municipal deberá crear un registro de declaraciones juradas patrimoniales y está obligada a comunicar su incumplimiento tanto al Departamento Ejecutivo como al Honorable Concejo Deliberante”.
DIARIO JUNIO intentó recolectar datos sobre el Registro de Declaraciones Juradas. Por ejemplo, si el intendente, sus funcionarios y los concejales habían realizado sus declaraciones o si faltaba alguna. Lo mismo acerca de las gestiones anteriores. La escueta respuesta de Contaduría fue que “estaban las de los funcionarios que quisieron hacer la declaración”, como si fuese voluntaria.
El secretario de Hacienda, Gustavo Labriola, superior jerárquico de Contaduría, aseguró que faltaba la reglamentación de la ordenanza. Y aseguró que del tema se estaba encargando la secretaría de Coordinación y Control de Gestión, a cargo de Alejandro Casañas. Consultado acerca de la reglamentación, el ex concejal de la UCR, dijo que: “la gestión se encuentra abocado a la instrumentación y reformulación de las normas que hacen al sistema de control en general”.
El funcionario aludió al convenio entre la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, a cargo de Marta Oyhanarte, el municipio y las jornadas de participación realizadas en el marco del Programa Auditoria Ciudadana: Calidad de las Prácticas Democráticas en Municipios. “Los resultados de ello están siendo completados para instrumentarlos con eficacia. Uno de los productos a obtener en ese programa fue: los lineamientos para la institucionalización de un sistema participativo de evaluación y monitoreo de la vida democrática. Se realizaron encuentros del Foro Cívico y se espera concluir con los mismos. En ellos participaron numerosas instituciones locales y los resultados fueron muy importantes”, indicó Casañas.
Además aseguró que están en contacto con la Oficina Anticorrupción con el objeto de adecuarse a las normas nacionales en la materia a la cual se están adecuando muchas administraciones. “Estamos buscando que el sistema funcione en forma aceptable y que brinde mayor transparencia y no que sea un mero trámite contable donde seguro el más ‘pícaro’ sería el que del primer paso. Que la gente este segura que se trate de una verdadera declaración y no de un dibujo de algún profesional”, expresó Casañas.
No obstante, el secretario de Control de Gestión también sostuvo que el «olfato de la gente» será la que al ver las declaraciones sepa “si está ante una mera maniobra o de una verdadera rendición de cuentas”. Aunque sabe que “en la integridad de las conductas y en el manejo diario de la administración está la mejor forma de demostrar la moral de una gestión, pero es necesario contar entre otras con su propia palabra empeñada”.
“La gente es buena y si uno la controla es mejor. Somos conscientes que la gente nos pidió un cambio en la administración, una administración real, clara y transparente. Por ello sabemos que es una materia pendiente, pero en la que estamos trabajando. La norma actual no es la mejor y no necesitamos para muestra un botón”, admitió Casañas. “Reconocemos que no hemos podido completar la tarea, pero creemos que muy pronto ya contaremos con ella, así logramos un buen resultado. Si bien lo peor sería exhibir «sombras o remedos» de rendiciones, que de solo leerlas la gente se sentiría ante un nuevo engaño, somos conscientes que es necesario hacerlo cuanto antes. Las meras sospechas no sirven. Pero necesitamos un genuino y sincero sistema de control, que a la par de las conductas públicas rindan cuentas claras al soberano, o sea al pueblo”, dijo el funcionario.
“Creemos que debemos elaborar una propuesta de norma específica, que incorpore los lineamientos de la Convención contra la corrupción y la moderna normativa local”, indicó. “La tarea no es simple, pero enmarcada en una reforma que se va haciendo paulatinamente. Para ello también hemos consultado al Tribunal de Cuentas de la Provincia. Hechos posteriores y de gran importancia han incorporado nuevo elementos como la reforma constitucional dándole otra jerarquía a la materia”, dijo Casañas.
“Sabemos que debemos elaborar un proyecto superador, teniendo en cuenta que dicha reforma estableció en el artículo 238 que cada municipio debe tener una carta orgánica municipal que, entre otros asegure: ‘La adopción de normas de ética pública con ajuste a las pautas de dicha constitución y sistema de contralor interno y un organismo de control externo de las cuentas públicas. Lo que es una reforma más que importante por la jerarquía de estas normas’. Esperemos lograr entre todos un sistema aplicable que no sea solo una copia o un mero barniz o puesta en escena”, subrayó.
“Lo máximo es saber el formulario”
Consultado al respecto, el concejal Rubén Dri (Peronismo Federal) sostuvo que, al asumir como concejal, no le exigieron presentar una declaración jurada. “No hay ningún formulario, ningún trámite. No existen las declaraciones juradas de los concejales actualmente”, indicó.
En 2003, cuando asumió la intendencia anterior, Dri recuerda que se puso en vigencia una ordenanza que establecía las declaraciones juradas de los funcionarios y de los empleados de cargos jerárquicos debería seguir rigiendo actualmente siempre y cuando no hay sido derogada. “Recuerdo que en la gestión pasada, cuando asumí como secretario de Gobierno, yo y la directora de Cultura presentamos declaraciones juradas en base a una ordenanza que nosotros habíamos propuesto”, manifestó.
La norma de 2003 era un formulario único que estaba aprobado. “Si hablamos de reglamentación lo máximo es saber cual es el formulario que se debe utilizar porque todo lo demás es materia de técnica contable: que tipo de bienes se incorporan, que bienes no se incorporan”, señaló Dri. A su criterio, debe ser un formulario que se lea fácilmente para evitar que “cada uno presente lo que quiere”. Traspasando esa línea, se convierten en cuestiones “muy elevadas”. “No es para el nivel de funcionarios y concejales de Concordia”, aclaró.
