La secretaria general del Ministerio de Gobierno, Lucila Haidar, informó en declaraciones al diario Uno, que “habiendo tomado conocimiento de la documentación efectiva, fue convocado de inmediato el jefe de la oficina del Registro Civil de Concepción del Uruguay, Hugo Cuestas”, y acotó: “Luego nos reunimos con el director del Registro Civil, Gervasio Labriola, y en forma inmediata dispusimos la constitución de una comisión con el fin de llevar adelante una información sumaria”.
La denuncia fue realizada por un empleado de la oficina del Registro Civil de esa ciudad. El hombre aseguró que en el organismo se cobraba entre 450 y 600 pesos para celebrar casamientos. Además, agregó que los interesados tenían que realizar el depósito en un comercio de venta de electrodomésticos de Concepción del Uruguay”.
Accionar del Estado.
Lucila Haidar confirmó que se inició un sumario en la órbita de la oficina del Registro Civil a los efectos de deslindar responsabilidades de la totalidad de los empleados, porque “la denuncia no es puntualmente sobre la persona del jefe del Registro, sino también sobre dos oficiales con firma autorizada para la celebración de los matrimonios”.Por disposición de Labriola, Mariano Bustamante, que estaba a cargo del Registro Civil de Gualeguaychú, fue nombrado ayer como nuevo jefe del Registro Civil de Concepción.
La causa
La investigación del caso está en manos del fiscal Fernando Lombardi, quien ya realizó dos allanamientos: uno en las oficinas del Registro Civil y otro en el comercio ubicado en calle Galarza, donde se habrían realizado los depósitos. En ambos lugares el fiscal secuestró documentación que acreditaría algún tipo irregularidad. En el negocio, por ejemplo, se encontraron papeles de una cuenta que figura a nombre del “Ministerio de Gobierno – Registro Civil y Cap”, cuya apertura data de 2009.
Caso similar en Paraná
En 2009 dos exjefas de la sección San Agustín del Registro Civil de Paraná fueron juzgadas por el cobro de un arancel que debía pagarse en el banco para iniciar los trámites de renovación y actualización del Documento Nacional de Identidad. Si bien las acusadas fueron absueltas, quedó comprobado que unas 200 personas abonaron dinero en el Registro Civil, cuando el pago debe realizarse en el banco Bersa.
Las irregularidades que no se lograron aclarar ocurrieron entre 2000 y 2001, según quedó plasmado en el debate que se realizó en el Juzgado federal de Paraná. En este caso, el paso del tiempo favoreció para que la causa quedara impune, ya que hasta hoy no hay responsables presos.
