En un fallo de 18 páginas, la Cámara Federal de Mar del Plata sostuvo que el fiscal federal Carlos Stornelli no se encuentra a derecho (o sea que no cumple la ley) y ratificó el dictamen del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien lo declaró en estado de rebeldía hace más de 40 días, luego de citarlo cuatro veces a indagatoria. Stornelli eludió la justicia los días 7, 20, 22 y 26 de marzo. Ramos Padilla lo considera sospechoso de ser parte de una asociación ilícita dedicada al espionaje, el contraespionaje, como presunto integrante de una organización paraestatal dedicada a cometer extorsiones a empresarios, coacciones de testigos, seguimientos, persecuciones y amenazas para la creación de causas penales en el fuero federal contra dirigentes políticos de la oposición y víctimas de chantajes.
Los jueces Bernardo Bibel y Eduardo Giménez –el magistrado Alejandro Tazza está bajo licencia- afirmaron que “en un sistema democrático, con funcionamiento republicano de las instituciones, no deben admitirse privilegios personales que permitan al beneficiario de una inmunidad de arresto, abstraerse del cumplimiento de determinadas cargas procesales derivadas del proceso judicial regular, como la de comparecer ante la justicia”.
¿Qué significa esto? Que el Tribunal de Alzada le ordenó al juez federal Ramos Padilla que elija el procedimiento jurídico para llamar a indagatoria por quinta vez al fiscal preferido de Mauricio Macri. La Cámara optó por “confirmar la declaración en rebeldía dictada respecto de Carlos Stornelli dejando a salvo la inmunidad de arresto que de momento detenta el señor fiscal”.
Lo cual significa que Ramos Padilla no lo podría detener con la Policía –“de momento”- hasta que Stornelli no sea desaforado o suspendido en sus funciones por el procurador interino, Eduardo Casal o mediante un Jurado de Enjuiciamiento.
Los camaristas le ordenaron al juez que cumpla en forma inmediata con lo dispuesto en el artículo primero de la ley 25.320: “Cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político. En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión. El tribunal solicitará al órgano que corresponda el desafuero, remoción o juicio político, según sea el caso, acompañando al pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida. No será obstáculo para que el legislador, funcionario o magistrado a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tenga derecho, aun cuando no hubiere sido indagado, a presentarse al tribunal, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan serle útiles. No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”. Aquí se puede leer la totalidad del articulado de la ley en cuestión en la que se centró la Cámara para que Ramos Padilla actúe con respecto a la situación procesal del fiscal Stornelli.
“Es que conforme así lo dispone en forma expresa el Art. 1 de la Ley, una vez que el magistrado actuante constata la incomparecencia del fiscal aforado a estar en juicio, deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político a la autoridad competente –argumentó la Cámara-, ya que, de así acaecer y si correspondiese, una vez despojado el señor fiscal de sus fueros, es el propio juez quien posee las herramientas procesales para constreñir su comparendo a estar a derecho”.
En otro párrafo del fallo, la Cámara remarcó: “Resulta llamativo, por otra parte, que un operador del derecho como el convocado a prestar declaración indagatoria, desconociere que la sola interposición de los planteos que efectuara en procura de eximirse de cumplir con la manda del doctor Ramos Padilla, no lo autorizaba a repudiar ipso facto la jurisdicción del magistrado instructor y entonces, y ello le habilite a negarse a cumplir con mandas de las que había sido debidamente notificado”.
Al ser consultado por Nuestras Voces, uno de los querellantes de la causa, el abogado José Manuel Ubeira, a quien el fiscal Stornelli y su amigo, el presunto agente de la DEA, Marcelo Sebastián D’Alessio planearon, según consta en la causa, realizarle una cámara oculta para perjudicarlo, evaluó el dictamen: “Me parece una resolución justa. Coloca a Stornelli claramente en rebeldía, pero por otro lado le abre la puerta para que se presente en el Juzgado Federal de Dolores ante Ramos Padilla. Y a la vez, le ordena al juez que proceda de acuerdo a la ley para que intime al procurador general para que lo destituya y lo juzgue. En una palabra, el amigo Stornelli está en el peor de los mundos. Esta confirmación de la rebeldía de la Cámara lo deja en una posición muy difícil, aunque le da la posibilidad de presentarse como la última oportunidad de ponerse a derecho”.
El abogado Carlos Broitman, defensor de Ibar Pérez Corradi, quien se presentó como querellante en la causa, manifestó que el juez Ramos Padilla podría pedir la indagatoria de Stornelli con la presencia de la fuerza pública. “Yo lo citaría en el término de un máximo de cuatro horas con notificación a su abogado defensor e incluso a un sustituto si es que el letrado Roberto Ribas está cuestionado luego de la entrevista con el fiscal de Cámara Pettigiani en Mar del Plata. Así se reabriría el diálogo procesal y si Stornelli no concurriese le pediría el desafuero”.
Broitman, además, afirmó que él habría sido “un objetivo” de la banda paraestatal de espionaje y extorsiones del supuesto agente de la DEA, Marcelo Sebastián D’Alessio: “Cuando defendí al colombiano Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, esta gente de D’Alessio me tenía como ‘un objetivo’. Y hubo también una serie de comunicaciones entre el fiscal Luis Angelini de San Isidro y el fiscal procesado de Mercedes, José Ignacio Bidone, quienes operaban con presuntos agentes de la SIDE, reportando a la diputada Elisa Carrió”, subrayó Broitman.
A tal punto sería así, que el ex fiscal general adjunto de San Isidro, Eduardo Marcelo Vaiani pidió ser querellante ante Ramos Padilla. ¿El motivo? La supuesta conexión entre Bidone y el fiscal Angelini que denuncia el renunciante Vaiani en la instrucción de la causa por el doble crimen de Unicenter, donde el propio D’Alessio afirmó haber intervenido. Así cubrió la renuncia de Vaiani en 2017 la agencia oficial de noticias Télam.
A estas graves denuncias contra las máximas referentes de la Coalición Cívica, quienes fueron mencionadas por el mismo D’Alessio ante el principal querellante, Pedro Etchebest, forzosamente exiliado en Estados Unidos por falta de seguridad para declarar en el país; se sumó la del ex embajador ante la Santa Sede, Eduardo Valdés, quien pidió que las legisladoras Elisa Carrió, Mariana Zuvic y Paula Oliveto fuesen llamadas a indagatoria por el juez Ramos Padilla. ¿Por qué? Por las sospechas de que habrían usado escuchas ilegales a presos políticos efectuados presumiblemente por agentes de la AFI y Marcelo Sebastián D’Alessio.
El espía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Hugo Rolando “Rolo” Barreiro manifestó en su indagatoria que Carrió se entrevistó en su casa de Exaltación de la Cruz con D’Alessio donde éste le habló de narcotráfico y que el presunto agente de EE.UU., solía dialogar seguido con Oliveto, a quien llamaba “Pau”. Ella, según el agente de la AFI, Barreiro, le encargaba a D’Alessio informes de inteligencia sobre dirigentes de la oposición.
¿Qué puede pasar de ahora en más? Una vez que Ramos Padilla avance en la causa según los lineamientos jurídicos que dispuso la Cámara, Stornelli no podrá seguir actuando como fiscal de las causas que agita la corporación mediática oficial. Y los testigos como el zigzagueante verbalizado Jorge Leonardo Fariña podrían estar en severos problemas. No habría que descartar que Ramos Padilla pudiese detener en los próximos días con prisión preventiva a Fariña bajo el presunto delito de falso testimonio y peligro de fuga. Sus ex abogados defensores, Giselle Robles y Franco Bindi, ratificaron que el testigo predilecto del ministro de Justicia, Germán Garavano, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y las diputadas Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic recitó un guión que le proveyó la AFI por medio de la abogada de Planificación, Florencia Guijo, quien también fue indagada por el juez de Dolores.
Está claro que para la Cámara Federal de Mar del Plata no alcanza con el legajo administrativo que determinó Casal desde un principio para salvar el destino de Stornelli, sin dañar su envestidura y su accionar en la causa de los encuadernados con la foto de un cuaderno. Ni hablar de la farsa de juicio oral y público contra la senadora Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez por la llamada “obra pública en vialidad”, que comenzó el martes en Comodoro Py.
El programa ADN que conduce Tomás Méndez en el canal C5N realizó un informe revelador. Hasta 2015 toda la Justicia Federal de la Capital –incluido el juez federal Julián Ercolini y la Cámara Federal-, más tarde cada una de las instancias de la Justicia de Santa Cruz, no hallaron ni una sola irregularidad en dichas obras. Ver el segmento del programa ADN del pasado 21 de mayo. Aquí el programa completo.
“El Estado de derecho no está en riesgo, ya está destruido”, declaró el abogado Maximiliano Rusconi. “Fue este tribunal y no un tribunal marciano el que dispuso que había una instrucción suplementaria que es una pericia esencial sobre cinco obras que fueron arbitrariamente seleccionadas por este tribunal. Aunque sea eso, pedíamos esperar”, aclaró. Rusconi mantuvo un fuerte cruce con el presidente del tribunal, Jorge Gorini, quien le negó la palabra. El planteo de Rusconi se basó en que se dio comienzo a un juicio oral sin pruebas.
Lo del reino Py es una vergüenza insuperable si se compara la causa de “obra pública”, por la cual el Poder Ejecutivo logró su tan ansiada fotografía de la senadora Fernández de Kirchner sentada en el banquillo de los acusados -ante las cámaras de la Televisión Pública, el Centro de Información Judicial que depende de la Corte, TN que no desapareció, América y la señal de La Nación- con la abrumadora cantidad de prueba fáctica sin arrepentidos en más de seis mil fojas del expediente que instruye Ramos Padilla sobre la banda paraestatal de espionaje y extorsiones del falso abogado D’Alessio, los fiscales federales Stornelli y Bidone, los comisarios bonaerenses y agentes de la AFI, Aníbal Degastaldi, Ricardo Bogoliuk, y Hugo “Rolo” Rolando Barreiro, más el rol de lobby mediático con la utilización de informes de inteligencia ilegales en demandas penales realizadas por Carrió, Zuvic y Oliveto.
Apareció un nieto
La trama de la infamia se consolidó con la ministra Bullrich. La empresa Movistarcomprobó que se comunicó con D’Alessio a través de uno de sus teléfonos celulares para hablar de narcotráfico en Rosario. Pero se excusó diciendo que su nieto suele jugar con el aparato. Curioso. En la página 48 del informe sobre las actividades de inteligencia y contrainteligencia realizadas por el grupo paraestatal de Marcelo D’Alessio que estaban registradas en sus soportes informáticos encontrados en su mansión del country Saint Thomas de Esteban Echeverría, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) halló un diálogo entre D’Alessio y Bullrich fechado el 20 de febrero de 2018 que no parece escrito por un niño.
La infamia viene de lejos en nuestra historia. Quienes detentan el poder hubiesen dado armas y alojamiento a los invasores ingleses del siglo XIX. De hecho han endeudado al país en 180 mil millones de dólares y solo en el mes de abril permitieron la fuga de 2.400 millones de dólares. A CFK la llevan a juicio por 46 mil millones de pesos de obras viales, cuando la empresa de los Macri obtuvo como mínimo 10 mil millones de pesos de ganancias por esas obras y el clan presidencial todavía adeuda al Fisco más de 70 mil millones de pesos del Correo.
¿De qué moral nos hablan?
Mariano Moreno dejó una frase para pensarnos en estas graves circunstancias: “Yo he visto llorar muchos hombres por la infamia con que se les entregaba; y yo mismo he llorado más que otro alguno, cuando a las 3 de la tarde del 27 de junio de 1806, vi entrar a 1. 560 hombres ingleses, que apoderados de mi Patria se alojaron en el fuerte y demás cuarteles de la ciudad”.
