La reforma judicial en marcha pretende, no democratizar la justicia, sino terminar con la existencia de un poder independiente del Estado, mediante la digitalización y el disciplinamiento de los jueces al poder político. Así encabezan este comunicado dejando claro que para la UCR el actual sistema judicial es el que prefieren.
Siguen diciendo que “La modificación que se propone al Consejo de la Magistratura es inconstitucional, no sólo porque contradice el art. 114 de la Constitución Nacional, sino también porque nuestra carta magna establece desde su primer artículo que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma republicana, o sea que define un sistema de gobierno que subordina los poderes públicos al imperio de la ley, teniendo el poder judicial la función básica de poner equilibrio y velar para que ningún órgano del Estado contravenga el orden jurídico y se resguarden los derechos de todos los ciudadanos frente a cualquier abuso del poder político.
La modificación de los sistemas de elección, de representación y de mayorías del Consejo de la Magistratura, significa lisa y llananamente la politización y partidización de la Justicia”.
La elección de miembros del órgano encargado de nombrar y remover a los jueces -el Consejo de la Magistratura- por el voto popular y por distrito único, en simultáneo con las de presidente de la Nación, acarreará sin duda que el partido triunfante en la elección presidencial triunfe también en las del Consejo de la Magistratura, con lo que el partido ganador pasará entonces a adquirir pleno poder para designar y remover jueces con facilidad y conformar de ese modo una justicia adicta.
La limitación de las medidas cautelares, por otra parte, que son herramientas de defensa de los derechos individuales y colectivos consagrados en nuestra constitución, apunta a restrinjir planteos judiciales de personas físicas o entidades que se sientan perjudicados por acciones del Estado, que bien pueden ser irreparables, por lo que la limitación que se pretende implica de por sí un importante recorte a los derechos de los particulares.
Por todo ello, rechazamos este ataque del gobierno nacional a las instituciones de la república que bajo el eufemismo de «democratización de la justicia», encierra el claro propósito de subordinar la Justicia al poder político.
Sostenemos la plena vigencia de la Constitución Nacional y a tal fin acompañamos todas las acciones que para la defensa de la democracia republicana se realicen en confluencia con otros partidos, como así también las movilizaciones de la ciudadanía en rechazo a la corrupción y de la reforma constitucional que de hecho el gobierno promueve con las leyes de reforma judicial y las potenciales restricciones a derechos constitucionalmente consagrados.
