Las declaraciones de Larroque provocaron reacciones negativas en todo el arco político opositor e incluso fue visto de mala manera por sectores afines al oficialismo, aunque no lo reconozcan públicamente.
Luego la escalada verbal continuó con un embate hacia el gobierno provincial de Santa Fe, cuya cabeza visible es el socialista Antonio Bonfatti y de paso intentó ensuciar la trayectoria del candidato presidencial Hermes Binner, líder del Frente Amplio Progresista (FAP).
“Que la creciente escalada de violencia verbal producida en su inicio contra el Partido Socialista, desde un lugar institucional como es la Cámara de Diputados de la Nación, por un miembro de la bancada oficialista, pretendiendo ensuciar artera y falazmente la trayectoria de un Partido que en 116 años de existencia no ha tenido un solo caso de corrupción en los estamentos públicos que se ha desempañado”, se señala en el proyecto.
“Que se atacó no solo al gobierno de la hermana provincia de Santa Fe, sino a todos los ciudadanos de dicha provincia que han ratificado con su voto la permanencia en más de 20 años un gobierno de este signo en la ciudad de Rosario, y a ratificado en las últimas elecciones la continuidad de un proyecto provincial, que entre sus premisas irrenunciables se encuentra el de la honestidad y la transparencia de sus actos”, manifestaron desde el PS.
En otro de los párrafos se señala que “expresiones inexplicables como la del diputado Andrés Larroque solo contribuyen a generar diferencias ficticias en el pueblo, en momentos que es imprescindible sumar los esfuerzos de todos los argentinos en pos de un proyecto nacional y latinoamericano”.
Otros de los considerandos manifiesta que “es más preocupante aún, que el titular del Partido Justicialista de la vecina provincia de Santa Fe, José Luis Freyre, haya realizado declaraciones públicas alentando (o especulando con) la intervención de esa provincia gobernada por el Frente Progresista Cívico y Social, con argumentos endebles y evidenciando un uso espurio y subalterno de una problemática criminal en la que se deben coordinar esfuerzos entre todos los gobiernos y estamentos del país”.
Y por último se pide que la justicia actue con independencia. “En este sentido, nada ha encontrado, ni la más mínima prueba de que un solo miembro del partido de gobierno santafesino esté involucrado en el caso de público conocimiento, que a la fecha se descascara por su propio peso”, indicaron.
