La decisión de los diputados se adoptó en el transcurso de un plenario de las comisiones de Comunicaciones, Legislación Penal y Defensa del Consumidor, donde hubo consenso de todas las fuerzas políticas para aprobar esta ley, que impedirá que los usuarios reciban publicidad no deseada.

El presidente de la comisión de Comunicaciones, el oficialista Mario Oporto, destacó "el consenso logrado entre todas las fuerzas políticas" para poder avanzar en este proyecto, para que "los usuarios que se anoten en un registro no reciban ningún tipo de publicad en sus celulares".

También expresaron el consenso de sus comisiones las titulares de las de Defensa del Consumidor, la radical Patricia de Ferrari, y de Legislación Penal, la macrista Patricia Bullrich.

El dictamen de la comisión establece la creación del Registro Nacional “No Llame”, que permite al usuario no recibir publicidad ni ofertas no solicitadas a través de su celular.

La iniciativa que "protege a titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados”.

La iniciativa establece que podrá inscribirse en el registro toda persona física titular o usuario autorizado del servicio de telefonía que “manifieste su voluntad de no ser contactada por quien publicitare, ofertare, vendiere o regalare bienes o servicios”.

Se dispone que la inscripción al Registro debe ser gratuita, por medios sencillos y eficientes; y que, luego de ser registrado, el cliente tiene derecho a obtener una constancia de dicha inscripción.

La duración en el Registro, que dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será de dos años, y la baja se podrá realizar en cualquier momento.

Las empresas prestadoras de servicios telefónicos y los call center que trabajen de manera tercerizadas con las operadoras deberán actualizar la nómina de registrados con una periodicidad de 30 días.

Entre las excepciones se contemplan las campañas de bien público, las llamadas de emergencia pública, las campañas electorales y las llamadas que deben ser realizadas por razones contractuales, estás últimas en `horarios razonables`, según señala el texto del proyecto.