Los diputados señalaron que están convencidos de que la fijación de la política salarial de los empleados públicos involucra un conjunto de competencias exclusivas y excluyentes del Poder Ejecutivo. “Se trata de una cuestión netamente de organización administrativa y de gestión de los recursos públicos, cuya previsión, decisión y responsabilidad política es del gobernador de la provincia”, expresaron Busti y Bolzán.
Luego remarcaron enfáticamente que es una atribución exclusiva del gobernador la iniciativa legislativa del presupuesto de gastos y cálculo de recursos y le está vedado a la Legislatura autorizar una suma de gastos mayor que la de recursos.
Asimismo, solo al Poder Ejecutivo corresponde “decretar la inversión de la renta”, según la Constitución provincial. “Esta es la interpretación lógica y armónica de nuestro texto fundamental, tal cual surge de las deliberaciones de la Convención Constituyente”, señalaron ambos.
Finalmente, Busti y Bolzán aseveraron: “la historia democrática reciente, demuestra que en los últimos veintiséis años, las organizaciones sindicales debaten, acuerdan y disienten con el Poder Ejecutivo las retribuciones de los empleados de la Provincia”, concluyeron
