La falta de respuesta a nuestros reclamos profundiza el cuadro: el sueldo básico actual para el cargo testigo es de $ 540 -la mitad de la media canasta familiar actual-, los docentes ad honorem siguen sin cobrar su salario, los docentes jubilados perciben haberes miserables -y eso siempre que, al momento de su jubilación compulsiva hayan completado sus aportes-, las condiciones de trabajo y de estabilidad son cada vez más precarias.
Por eso, llamamos a todos los docentes de la UBA a parar en el marco de este plan de lucha nacional.
Recordemos que fue con la lucha que logramos arrancar un incremento salarial del 30% promedio y la incorporación al básico de las sumas en negro que destrozaban nuestro salario.
Es con esta lucha que vamos a conquistar el conjunto de nuestras reivindicaciones:
*Por la triplicación del presupuesto universitario.
*Por la media canasta familiar para el cargo testigo y el blanqueo del adicional en negro de enero 2005.
*Por el salario para los ad honorem.
*Por el 85% móvil para los jubilados.
*Por la estabilidad y la carrera docente.
*Por la convocatoria a la mesa de negociación salarial con los legítimos representantes de los docentes.
En la nota enviada a DIARIOJUNIO, afirman que “A fines del año pasado, como resultado de una de las luchas más extendidas y contundentes del movimiento universitario nacional, los docentes no sólo logramos arrancar un incremento salarial del 28% promedio y la incorporación al básico de las sumas en negro que destrozaban nuestro sueldo. También logramos que el Gobierno se comprometiera a establecer un cronograma para alcanzar la media canasta, el blanqueo del adicional en negro de enero 2005, el salario para los ad honorem (después de recabar en forma conjunta la información a las universidades) y el 85% móvil para los jubilados a partir de un proyecto de ley presentado por la propia Secretaría de Políticas Universitarias”.
Han pasado más de seis meses y ninguno de estos compromisos fueron cumplidos, dicen. Todavía más, agregan : el Gobierno ha hecho fracasar cada mesa de negociación, hasta la última en la que intentó hacer ingresar por la ventana a una federación fantasma como la Fedun/Aduba y a la oficialista Ctera, que cuenta con la representación de apenas dos colegios preuniversitarios sobre cincuenta y cuatro. Colaboró con la maniobra del Gobierno la dirección de la Conadu-De Feo- Sanllorenti, que firmó un acuerdo contra todo lo resuelto de manera unánime en un plenario conjunto con nuestra Federación.
Ni la Ley de Financiamiento Educativo -un «corset» antes que una garantía de financiamiento, como reconocieron tardíamente algunos rectores nacionales- ni el 19% otorgado para junio y agosto -un verdadero «cepo» a nuestros reclamos por la media canasta- ni el recientemente promocionado aporte de $140 millones de pesos, representan salida alguna a la profunda crisis salarial y presupuestaria de las universidades públicas. Por el contrario, constituyen una muestra más de la continuidad de la política educativa de las últimas décadas : ahogo presupuestario, promoción de formas «alternativas» de financiamiento, congelamiento salarial, precarización laboral, restricciones al ingreso, arancelamiento de posgrados, creciente privatización y mercantilización.
Antes Pugliese y luego Malcolm (¿y ahora el reciente Secretario de Políticas Universitarias Alberto Dibbern?) repitieron que «no hay fondos» o, como se informó a nuestra Federación en una de las mesas de negociación, «con el incremento del 2005 los docentes cobraron todo lo previsto para 2006».
