La falta de atención edilicia profundiza problemas menores en las escuelas; en Agmer diseñaron un mapa del riesgo laboral de los docentes y encontraron varios casos de establecimientos en crítica situación.
En 2005, Entre Ríos invertirá 440 millones de pesos en el sector educativo, pero el 98 % de ese monto se irá en el pago de salarios de los 35 mil docentes que conforman la plantilla de las escuelas públicas y privadas y que atienden a los más de 340 mil alumnos que conforman el sistema.
En ese esquema de reparto de fondos, nada es lo que queda para mantener los edificios escolares, y lo que hoy es una simple gotera, mañana se transforma en un problema más de fondo porque no hay de dónde sacar para tapar ese agujero.
S.O.S. Escuelas
En la Escuela Nº 51 de San Jaime de la Frontera, en el departamento Federación, por ejemplo, la reparación de techos ya se ha convertido en un asunto que demanda una urgente solución, que no llega.
Un aula de la Escuela Nº 8, de Ibicuy, en el departamento Islas, fue clausurada por la invasión de murciélagos y para suplir la emergencia, la docente se las ingenió para no interrumpir el dictado de clases y ahora ocupa junto a sus alumnos una casilla precaria construida en 1913.
En el otro extremo de la provincia, al norte, la Escuela Nº 54, del Distrito Feliciano, en zona rural, con una matrícula de 13 alumnos, no cuenta con agua desde el inicio del ciclo lectivo.
En Concepción del Uruguay, un relevamiento sobre el mapa del riesgo laboral de los maestros permitió detectar una serie de deficiencias en las escuelas del departamento. El relevamiento, hecho sobre un total de 15 edificios, mostró que en ninguno existen matafuegos, salidas de emergencia ni cuentan con infraestructura básica para alumnos “integrados” en patios, galerías, juegos o equipos sanitarios. En la mayoría, además, producto de la anexión de nuevas aulas, se perdieron las salas de maestros, de mapas, de música y los laboratorios.
En Diamante, la Escuela Nº 1 Independencia, que comparte el mismo edificio con la Escuela Nº 43 Pedro Goyena, incluida en el plan de reconstrucción 750 establecimientos que encaró el Gobierno, tiene algunos contratiempos no fáciles de sortear.
Allí, el obrador se instaló en junio último y la realización de los distintos trabajos de reparación obligó a reubicar alumnos en una casa particular que fue cedida especialmente pero que, según los docentes, “no reúne las mínimas condiciones de salubridad”.
Un aguacero que azotó la zona a fines de octubre provocó la caída de mampostería sobre el tablero de energía de la escuela, lo que a su vez obligó a desalojar el edificio.
Los docentes diamantinos se muestran escépticos respecto a la marcha de la obra ya que, afirman, la empresa constructora se queja del retraso en el pago por parte del Gobierno, y está amenazando con retirar sus herramientas e irse.
Pero lo más fuerte se escuchó en Gualeguaychú, aunque en medio de la urgencia surge la hilaridad: frente al continuo aplazamiento de los trabajos en la Escuela Nº 89 de jornada completa con albergue, le han puesto el mote de “quincenales” a las autoridades. Sucede que ante los continuos reclamos por la construcción del albergue para los alumnos, que no está funcionando desde marzo, y la inexistencia de un comedor —los estudiantes almuerzan en una galería—, la respuesta oficial que se escucha es que “en 15 días sale la obra”.
Una emergencia se transforma en obra pública
Gabriel Perotti, secretario gremial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), dice que una emergencia, como una gotera en un aula, pronto se transforma en obra pública, reparar los techos, por una simple razón: no hay mantenimiento, y entonces cualquier nimiedad, con el tiempo, se transforma en un problema severo porque las escuelas no cuentan con recursos específicos para la emergencia, ni tampoco se sabe quién es el responsable de hacerlo.
“Si un desagüe se obstruye, no hay partidas para solucionarlo. Estamos con déficits en cuestiones básicas, como falta de lavandina para la higiene. En muchos lugares, los trabajos de mantenimiento se pueden hacer porque la cooperadora suple lo que el Estado no hace”, señala el dirigente.
En ese esquema, Perotti vislumbra un paulatino agravamiento de la situación.
Dice que la reparación de los 750 establecimientos que se incluyeron en el plan global que la provincia previó finalizar en marzo último, se fue posponiendo.
En el primer encuentro oficial que Agmer mantuvo con el gobernador Jorge Busti, a principios de junio, se conoció la intención oficial de concluir los trabajos hacia el segundo semestre, de modo de iniciar el ciclo lectivo 2005 con todos los edificios reparados. “Pero todavía no han cumplido con ese esquema, y en tanto no se termina lo que se empezó se fueron agravando los problemas en otras escuelas”, puntualizó Perotti.
