El presidente Alberto Fernandez firmó ayer el decreto que designa a la abogada uruguayense, María Isabel Cacciopoli, al frente del Juzgado Federal Civil Nº2 de Concepción del Uruguay que era ocupado, de manera subrogante, por Analía Ramponi.
En comunicación con DIARIOJUNIO, Cacciopoli se expresó emocionada con la noticia. Al ser consultada por sus expectativas en la función asignada respondió que llega con la intención de “humanizar el proceso, que significa tener conocimiento mínimamente de quienes son los litigantes y, si hay personas vulnerables, tratar de ubicar la protección y la tutela legal que corresponde para esas personas”.
La nueva jueza federal añadió que va a aplicar el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional y todos los tratados internacionales en cada una de las sentencias. Yo tengo un posgrado en Derecho Internacional Privado, el cual me abrió la cabeza para poder -en cada caso- aplicar el Derecho Internacional y los convenios que Argentina tiene firmados para aplicarlo en las sentencias. Y así muchas de las causas de género, de tutela judicial, de medidas autosatisfactivas, se van a ver satisfechas con mis fallos. Los abogados en mi jurisdicción deberán esmerarse por presentar lo que consideran pertinente, porque de este lado va a haber alguien que va a leer, va a entender el sacrificio que es para cada colega la presentación judicial y el esfuerzo que eso implica. La prolijidad y los tiempos que manejamos, es algo en lo que a mi me interesaría estar completamente comprometida, es decir, con los tiempos de la justicia. Me gusta el liderazgo. Me gusta crear equipos de trabajo y espero, con ansias, poder lograrlo en el juzgado Federal Nº2”.
Caccioppoli es egresada de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y no se ha desempeñado en ningún cargo judicial hasta este momento. No obstante, acreditó haber intervenido en 1.151 causas de competencia general desde 2000, entre las que figuran las que impulsó contra represores en representación de víctimas de la dictadura. Uno de los puntos salientes en su larga carrera fue el juicio en el que se condenó el represor y genocida, ministro del Interior durante la dictadura militar, Albano Harguindeguy, por el secuestro y torturas de 18 estudiantes secundarios de Concepción del Uruguay en julio de 1976, a manos de la delegación de esa ciudad de la Policía Federal.
También fue aspirante a la Defensoría del Pueblo de Entre Ríos, en un proceso legislativo que quedó trunco.
