A la Nación le solicitaron la exención del IVA para los afectados por la represa y perjudicados por los cambios ambientales que ésta ha generado, el aumento del valor de la energía que actualmente se le paga a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, para que de ésta manera se eleven los recursos correspondientes a las regalías y excedentes que se transfieren al Gobierno de Entre Ríos, siempre que exista el compromiso del gobierno provincial de utilizar esos recursos para resarcir a la región en la tarifa energética.
En tanto, a la gobernación de Entre Ríos le pidieron una rebaja del valor agregado de distribución de la energía eléctrica, algo que ya ha sucedido en la provincia de Misiones. “Debió hacerse al momento de disponer los aumentos tarifarios ya que el VAD fue aumentado en épocas de la tarifa eléctrica ‘congelada’ para suplir los mayores costos de las distribuidoras, provocando hoy día una gran distorsión”, señalaron.
Además, reclamaron que las regalías y excedentes que se estipulan para la ciudad de Concordia lleguen a la ciudadanía en forma directa. “En el caso concreto de la Ley Provincial 8465 de regalías, decretos 3010/90 y 3489/90, que las mismas sean, en un porcentaje no menor al 50 %, destinadas a la tarifa eléctrica; Federación y Santa Ana tienen descuentos por éstos conceptos, no así Concordia mientras que la provincia de Corrientes destina sus regalías a éste fin beneficiando a sus coprovincianos”, destacaron.
“Habiendo solicitado al Gobierno Nacional que se aumente el valor de la energía que se le paga a la CTM para de ésta manera acrecentar las regalías y excedentes, requerimos el compromiso inexcusable de utilizar esos recursos para resarcir a la región en la tarifa energética y que el beneficio llegue directo al ciudadano y no sea, una vez más, fuente de financiamiento de la política”, indicaron.
En consecuencia, tal como lo establece la Ley Nº 24065, la provincia de Entre Ríos debe recibir energía a cambio de las regalías obtenidas de la operación de la Represa de Salto Grande (obteniendo así un 30% más), para luego comercializar ésta a valor preferencial para la región.
Asimismo, a la Intendencia de Concordia solicitaron una disminución de los porcentajes cobrados en concepto de Tasa de Alumbrado y Contribución Municipal, actualmente con una incidencia del 29,5 % de la factura de energía, a fin de tener, al menos, la composición tributaria de las facturas similar a ciudades vecinas.
De la misma forma, hicieron notar que en la composición del detalle que la Cooperativa Eléctrica de Concordia entrega a la municipalidad a fin de compensar ingresos y egresos con los recursos recaudados por alumbrado público y contribución municipal “hay ítems que consideramos no tienen que estar allí y deben tener otro origen los fondos para financiarlos”.
Además de disminuir los consumos excesivos de las reparticiones municipales, consideraron abusiva la inclusión en éste ítem de los llamados “medidores comunitarios”. “Entendemos que la electricidad es un recurso básico para todas las familias, pero es arbitrario y compulsivo que estos consumos sean incluidos en la factura de cada familia o empresa que paga su factura”, mencionaron.
“El costo de energía de la planta potabilizadora debe ser canalizado en la factura del EDOS, un ente autárquico que debe procurar ser sustentable y autofinanciarse y no utilizarse el dinero recaudado por alumbrado público para ello. Cobrar parte de un servicio compulsivamente en otro, no es lo correcto”, señalaron desde el CICS.
“Consideramos justo que se reformule la forma en que se establece cuánto debe pagar por alumbrado público cada frentista y que se concrete el cobro del mismo incluyéndolo en la tasa inmobiliaria municipal (ABL), quitándolo de la factura de electricidad”, indicaron.
