En un reciente estudio comparativo del Banco Mundial sobre la estructura tributaria de diferentes países, queda revelado que en Argentina los impuestos sobre patrimonios y rentas, los directos, representan apenas el 12,9 por ciento del total. Para el año 2019, el promedio en el conjunto de países de América Latina y el Caribe fue del 26,5 por ciento. Más del doble que en Argentina. Bajo la administración macrista, esta diferencia se acentuó. En 2015, los impuestos directos representaban el 15,2 por ciento de la recaudación, 3,3 puntos más que en el último año.
La actual discusión sobre la aplicación de un impuesto a la riqueza ante la emergencia enfrenta una dura resistencia. En las últimas décadas, bajo el reinado del neoliberalismo, esta característica regresiva del sistema tributario se acentuó. El Estado perdió capacidad para cobrarle impuesto a los ricos, ya fueran fortunas familiares o poderosas empresas. Las maniobras de «planificación fiscal nociva» para evadir impuestos y fugar capitales se ha transformado en práctica habitual de los sectores dominantes.
Una investigación publicada esta última semana por el Instituto del Pensamiento y Política Públicas, IPyPP, coordinado por Ana Rameri, revela datos interesantes sobre estas distorsiones. Contrariamente a lo que suele enarbolar el discurso dominante, Argentina no presenta niveles de presión tributaria que puedan calificarse de «elevados» en comparación con el resto del mundo. Datos del Banco Mundial de 2014 a 2017 presentan a Argentina en un nivel intermedio en la región ( en torno al 12% medido por recaudación tributaria en relación al PBI), y muy por debajo de la media europea (20,2%) y en un rango cercano al de EE.UU. (11,4%).
La gran diferencia se da en la estructura tributaria, porque mientras principalmente en Europa y Estados Unidos los impuestos directos ocupan un rol central en la recaudación, aquí la base de los tributos son aquellos que recaen sobre los consumidores (IVA, internos, combustibles). Recursos que, por otra parte, se van a ver severamente reducidos por efecto de la cuarentena y el impacto recesivo posterior.
Una de las observaciones del informe del IPyPP es que, mientras de acuerdo a los datos estadísticos de la Afip, en Argentina son 32.484 los individuos que declaran poseer bienes personales por valor superior a un millón de dólares, el estudio de la consultora privada de origen francés Capgemini asegura que son 114 mil los residentes argentinos que superan esa línea, tres veces y media la cantidad que lo declara.
La reciente revelación de la Afip en relación a la detección de 950 cuentas en el exterior, con cuentas no declaradas con saldos superiores al millón de dólares van en línea con esa sospecha. La IPyPP, en base a la información de Afip, muestra que de los 104.500 millones de dólares declarados por los 32.484 contribuyentes «millonarios» en dólares, el 68,4% se encontraba radicado en el exterior. Pero si el estudio se concentra en los contribuyentes declarantes con sumas superiores a los 10 millones, entonces la proporción en el exterior se eleva al 78,5%.
«El esquema tributario argentino llega con muy poca fuerza a las capas más altas de poder adquisitivo y contributivo», concluye el análisis. Por una estructura impositiva que grava más el consumo que las grandes riquezas pero, además, «por la falta de adecuación de los sistemas administrativos y de regulación y control estatal que no son apropiados, en muchos casos, para lidiar con las maniobras de planificación fiscal nociva que llevan adelante los agentes principales del poder económico». Evasión y fuga que, en el fondo, es la forma en la que ese poder económico sigue expresando su opción por un Estado más chico y débil. Aun frente a la emergencia.
