Hipocrecía y manipulación
No es un dato menor que las hermanas de la niña discapacitada y violada a la que la jueza de monores quiso obligar a parir dijeron de su propio padre (el que ahora se quiere hacer cargo del supuesto hijo por venir), «ahora se viene a hacer el padre después de que nos abandonó», en rigor, hace alrededor de 15 años, según la fuente familiar, que no sabe de ellos, luego de la separación «solo la habrá visto una o dos veces» dijo una de las hermanas de la niña violada.
El otro dato es que este señor acusado por sus propias hijas de abandonarlas, está patrocinado por un rabioso militante católico antiabortista.
En su nota de hoy, El Diario dice : El artículo 86 del Código Penal sostiene en su inc. 2 que el aborto practicado por un médico diplomado “no es punible si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”. Respaldados por este artículo, médicos del Hospital San Roque iban a interrumpir el embarazo de la joven discapacitada el 27 de agosto, pero ese mismo día llegó al Materno Infantil la notificación del Juzgado de Familia haciendo lugar a la medida cautelar que presentó la defensora de Menores Marcela Piterson para preservar “la “persona por nacer”. Ante esto, el defensor de la madre de la joven con capacidades especiales, Pablo Barbirotto, apeló la medida cautelar ante la Cámara Civil, que hizo lugar el viernes 7. La contraparte (el padre, que se había mostrado contrario al aborto y la defensora Piterson) tenía tiempo hasta hoy sábado para rechazar el fallo de la Cámara Civil. Según explicó el abogado del padre de la niña, Mario Martínez, el progenitor esperó durante toda la semana poder “charlar” con la madre pero al no lograr el diálogo decidió apelar la resolución de la Cámara ante la Sala Civil del STJ.
“Inaplicabilidad”
Mario Martínez, abogado del padre de la joven discapacitada, explicó que se interpuso un “recurso de inaplicabilidad de la ley ante la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia”, integrada por los doctores Leonor Pañeda, Juan Carlos Ardoy y Emilio Castrillón. “El papá biológico viene sosteniendo que él ha ofrecido la ayuda alimentaria a su hija con discapacidad, incorporarla a la obra social con cobertura médica, y gestionar las prestaciones de la ley de discapacidad solo o en conjunto con la madre. En caso de que (la madre) no pudiese o no quisiese hacerse cargo del bebé, él se haría cargo siempre que la mamá y la nena lo consientan”, describió Martínez. Es decir que “ofrece la posibilidad de la adopción como solución que mejora la posibilidad del aborto, que es matar a un inocente”. Entre los argumentos que presenta el abogado para sostener el recurso de inaplicabilidad del artículo 86 del Código Penal, se “plantea el tema conforme a lo que dicen los médicos, que la interrupción del embarazo es un grave peligro para la vida de su hija por el estado avanzado de la gestión, que es de 4 meses y medio”, precisó.
“Charla”
En este sentido, el padre y su abogado, Mario Martínez, presentaron el lunes en la Dirección del Hospital San Roque una nota “manifestando el papá el deseo de que no se practique la interrupción del embarazo, y que médicos hablen con la mamá biológica para persuadirla de lo grave que sería tanto para la persona por nacer, como para la nena con capacidades especiales”, narró el representante legal del padre de la joven. Justamente, durante toda la semana el padre y Martínez estuvieron “viendo la posibilidad de tener una charla personal con la mamá que evite que se siga judicializando el tema”, con el fin de llegar a “un consenso a partir del sentido común de ambos, priorizando el interés de la menor”. Sin embargo, “la relación entre ellos, muy conflictiva, no ha permitido” el diálogo, “no hemos encontrado canales para esto”, lamentó Martínez. Por eso, ayer finalmente decidieron interponer un “recurso de inaplicabilidad” del artículo 86 del Código Penal ante la Sala Civil del STJ para decir que la Cámara de Apelaciones no tuvo razón en el fallo que revocó la medida cautelar del Juzgado de Familia tendiente a preservar “la persona por nacer”.
“El aborto, en lugar de resolver un problema, hace más daño. Realmente la persona por nacer es un inocente pero a la vez ponemos en riesgo la vida de la menor gestante. Es un disparate el aborto y en esto defendemos los derechos humanos fundamentales, sin connotación religiosa”, finalizó diciendo Martínez.
