En un comunicado conjunto, las empresas de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), criticaron: «Semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo para todos los actores del sector TIC, inversores, sus cientos de miles de empleados en todo el país, en su cadena de valor y en toda la comunidad digital, trasladando incertidumbre a los clientes acerca de la calidad de prestación de los servicios que reciban en el futuro». La nota lleva la firma de empresas como Claro, Directv, Telecentro, Telecom y Telefónica, entre otras.
«La norma no deja de sorprender dado que siempre mantuvimos el diálogo de buena fe con todas las autoridades, incluso para buscar alternativas que lleven alivio a quienes más lo necesitan. La justificación de la urgencia para el dictado del DNU es falsa», agregaron.
«Resulta por demás evidente que este cambio de reglas está poniendo un freno a la industria TIC en la Argentina, y abre un serio interrogante dado el antecedente del congelamiento de precios del Servicio de Telefonía Fija durante 15 años (1999/2015)», señalaron.
Lo que no dicen en el comunicado es que, durante el período del gobierno de Juntos por el Cambio, los aumentos fueron continuos y le ganaron un 40 por ciento a la inflación macrista sin que haya inversiones ni mejoras sustanciales para los usuarios.
Según fuentes del Indec, las empresas de telecomunicaciones fueron de los rubros más beneficiados por los aumentos tarifarios. Desde diciembre de 2016 hasta esta parte, obtuvieron un 268% de aumento, es decir, 40 puntos arriba de la inflación general en estos últimos 4 años. El año pasado el aumento de las tarifas fue de 10 puntos por encima de la inflación, y en abril de este año las tarifas aumentaron un 8,4%.
Telefónica, a nivel global, en el primer trimestre del 2020, ganó 831 millones de euros y Telecom Argentina, 1961 millones de pesos. Además, están dentro de las más fugadoras del país, encontrándose Telefónica en el primer lugar con más de 1000 millones de dólares fugados y en el octavo puesto Telecom.
El último año de la administración de Mauricio Macri, el IPC se aceleró con fuerza al registrar el nivel más alto en 28 años: 53.8 % superando así al 47,6% de 2018, récord desde 1991 en ese momento.
En ese año de 2019, los precios que crecieron por encima del nivel general fueron salud, 72,1%; comunicaciones, 63,9%; equipamiento y mantenimiento del Hogar, 63,7%; y alimentos, 56,8%.
Por otro lado, la fusión entre Cablevisión y Telecom que puso en vigencia el macrismo, habilitó un nuevo escenario de concentración en el mercado de las comunicaciones. El nuevo grupo acapara el 40,9% de la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil y el 68% de los servicios de internet por banda ancha.
Durante sus cuatro años de mandato, el gobierno de Juntos por el Cambio profundizó la concentración mediática a punta de decretos de necesidad y urgencia, sin debate parlamentario ni consensos con el resto de los actores de la sociedad civil. Paralelamente desfinanció y saqueó los medios públicos de la mano de Hernán Lombardi, aplicando una política de despidos y persecuciones sin precedentes.
La Bicameral avaló el DNU
Sin la presencia de Juntos por el Cambio (JxC), la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que controla los Decretos de Necesidad y Urgencia emitió dictamen que avaló el DNU sobre las telecomunicaciones que declara como esenciales a los servicios de telefonía celular y fija, Internet y televisión paga y congela los aumentos de tarifas hasta fin de año.
Los representantes del frente opositor habían presentado una nota al titular de la comisión, el diputado Marcos Cleri, en la que rechazaron la reunión convocada debido a que «fue realizada fuera del plazo de antelación previsto» por el reglamento de la Comisión, que obliga a notificar este tipo de eventos dos días antes.
Por su parte, Cleri negó que no se hayan cumplido las 48 horas y lamentó durante la reunión que los legisladores de Junto por el Cambio «no quieren dar el debate» en torno a la iniciativa, ya que no se conectaron durante todo el encuentro virtual y de esa forma ratificaron su rechazo.
En tanto, los diputados de la oposición Luis Ramón y Romina Del Pla, estuvieron presentes y dieron conformidad a la medida.
La Comisión Bicameral parlamentaria fue convocada desde las 13 para analizar el DNU sobre esos servicios y otros tres: el de extensión de la moratoria para las pymes, el del plan Procrear de viviendas y el de creación de una agencia para promover la investigación del desarrollo tecnológico.
El diputado nacional por la provincia de Santa Cruz, Pablo González, dijo en referencia al DNU de telecomunicaciones: «Los monopolios no se autoregulan. Ahí tiene que estar el Estado».
“Con el argumento de la competencia, lo que lograron fue profundizar el control de los monopolios sobre la telefonía móvil e Internet. Hoy estamos corrigiendo ese DNU», agregó.
DNU de telecomunicaciones
El decreto 690 declara «servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia» a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga, al tiempo que ordena suspender «cualquier aumento de precios o modificación de los mismos» hasta el 31 de diciembre, una decisión que fue justificada por la emergencia causada por la pandemia de coronavirus.
Uno de los puntos centrales del decreto es la decisión de incorporar a la ley de Telecomunicaciones un artículo por el cual se establece que los «Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad».
Otro punto clave es que sustituye el artículo 48 de la mencionada ley por el siguiente: «Los licenciatarios y las licenciatarias de los servicios de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación».
En los considerandos, la disposición remarca que durante la gestión de JxC, «mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/2015, se derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación».
Y subraya que esa decisión se tomó «abandonándose la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional».
Por lo tanto, destaca que «es necesario recuperar los instrumentos normativos que permitan garantizar para la totalidad de los y las habitantes de la Nación el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, estableciendo además planes accesibles e inclusivos que garanticen una prestación básica universal obligatoria».
