Sin respaldo de la oposición, el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados impuso su mayoría para firmar este martes el dictamen sobre el proyecto para cambiar la sede de pago de los bonistas que reestructuraron su deuda y sortear los bloqueos del juez neoyorkino Thomas Griesa.
El proyecto del Poder Ejecutivo, que el oficialismo modificó en el Senado para incluir a Francia como plaza alternativa, sería convertido en ley este miércoles, en una sesión especial que ya fue convocada para las 11.45.
El kirchnerismo consiguió el dictamen en un plenario de las comisiones de Presupuesto, Finanzas y Peticiones, Poderes y Reglamento, al que asistieron el ministro de Economía, Axel Kicillof; el secretario legal y técnico, Carlos Zaninni, y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.
La oposición, que en gran medida se retiró antes de terminar el plenario, sólo se pronunció a favor de la creación de una comisión bicameral para investigar la evolución de la deuda.
Martín Lousteau (Suma+UNEN) planteó que con la ley de pago soberano propuesta por el Ejecutivo “corremos el riesgo de entrar en default” ya que “a bonistas los que no cambien jurisdicción, Nación Fideicomisos no les puede pagar”.
“Corremos el riesgo de que se declare el default por decisión nuestra”, advirtió el legislador en el plenario de comisiones de este martes, al indicar que el Bank of New York Mellon (BoNY) como agente de pagos “queda en un limbo”.
En tanto, el macrista Federico Sturzenegger ratificó la postura del Pro e insistió en cumplir con el fallo del juez Thomas Griesa, a la vez que cuestionó por qué no se intentó eliminar la cláusula RUFO, que ordena pagarle a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010 en las mismas condiciones que a los holdouts.
Zaninni desestimó este planteo y reiteró en varias oportunidades que la cláusula RUFO “es buena fe”, mientras que Kicillof, graficó que “esto no es un jardín de infantes” donde se pretenda eludir esa cláusula y decir “garpamos y listo”.
Por su parte, Claudio Lozano (Unidad Popular) insistió en que “no necesitamos una ley” para destrabar el pago de deuda, sino que bastaría con convocar a una asamblea de bonistas, lo que el ministro de Economía desestimó por falta de tiempo.
Además, Kicillof embistió contra el proyecto alternativo del Frente Renovador, que ofrece un “menú de opciones” a los bonistas, al sostener que “no da soluciones para el próximo vencimiento”, el próximo 30 de septiembre, y que “viola flagrantemente la cláusula RUFO”.
Fue luego de que los diputados de ese bloque Felipe Solá y Graciela Camaño opinaran que “el proyecto oficial no resuelve la cuestión de fondo de la deuda”.
La ley de pago soberano
“En ejercicio del poder soberano” del país, el primer artículo del proyecto declara de interés público la reestructuración de la deuda soberana realizada en 2005 y 2010, así como “el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al 100 por ciento de los tenedores de títulos públicos”, esto es, tanto a los bonistas que entraron a los respectivos canjes como a los holdouts que litigan contra Argentina.
El objetivo de la norma es “implementar instrumentos legales” que permitan el cobro de la deuda a todos los bonistas, ante la “ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los fondos” depositados por el Estado argentina en el Banco de Nueva York el 26 de junio pasado, medida dispuesta por el juez Thomas Griesa. Según el Poder Ejecutivo, este bloqueo es “violatorio tanto de la soberanía e inmunidades” de Argentina “como de los derechos de terceros”, en alusión a los bonistas que se ven impedidos de cobrar esos fondos.
Por eso, el proyecto autoriza al ministro de Economía a remover al Banco de Nueva York como agente fiduciario y a reemplazarlo por Nación Fideicomisos S.A., creada para tal fin en el Banco Central de Argentina. No obstante, la propuesta reconoce el derecho de los tenedores de bonos de designar otro agente de otro país que garantice el canal de cobros, incluso Estados Unidos.
En el Senado, el oficialismo anunció que también incluirá a Francia como otra sede de pago, algo propuesto por el Frente Renovador.
Por otra parte, la iniciativa autoriza al Ministerio de Economía a “instrumentar el canje” de los títulos públicos que aún no ingresaron a las reestructuraciones de 2005 y 2010, entre los que se encuentran los fondos buitre.
En este sentido se crea una cuenta especial en Nación Fideicomisos para que el Gobierno deposite, en las fechas de vencimiento correspondientes, “una cantidad de fondos equivalentes a los que correspondería pagar por los servicios” de los títulos que se emitan en el futuro en reemplazo de aquellos que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.
Según el Poder Ejecutivo, esta cuenta especial se abre “en virtud de la buena fe de Argentina, y de su voluntad y capacidad de pago en condiciones equitativas para todos sus acreedores, según la interpretación convencional y generalmente conocida como pari passu”.
Por otra parte, el proyecto recoge un viejo reclamo de agrupaciones opositoras al crear una comisión bicameral para investigar la evolución de la deuda externa desde el inicio de la ultima dictadura, en 1976.
