En una semana frenética para el Senado, un plenario de comisiones retomará este martes el debate de los proyectos para modificar la Ley de Abastecimiento, inaugurar un fuero judicial para acelerar los reclamos de consumidores y crear un observatorio de precios.
En una reunión conjunta convocada para las 13, discutirán los proyectos del Ejecutivo las comisiones de Asuntos Constitucionales; de Presupuesto y Hacienda; de Justicia y Asuntos Penales; de Derechos y Garantías, y de Industria y Comercio, en el Salón Azul.
La intención del oficialismo es firmar los tres dictámenes para aprobarlos en el recinto la semana próxima y girarlos a la Cámara de Diputados. No tendrá dificultades, ya que cuenta con mayoría en las cinco comisiones.
El proyecto de reforma de la Ley de Abastecimiento recibió duras críticas por parte de cámaras empresarias el miércoles pasado, cuando fueron defendidas por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el secretario de Comercio, Augusto Costa; y el viceministro de Justicia, el camporista Julián Álvarez.
En tanto, este martes expondrán los invitados que no pudieron hacerlo la semana pasada, entre ellos el exdiputado Ricardo Gil Lavedra; el abogado constitucionalista Daniel Sabsay; y el vicepresidente de la UIA y titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja.
También será el turno de casi 20 representantes de las asociaciones de consumidores, como Consumidores Libres, de Héctor Polino, y la Unión de Usuarios y Consumidores.
El proyecto de Ley de Abastecimiento fue el más cuestionado ya que habilita al Poder Ejecutivo –la futura autoridad de aplicación- a establecer “discrecionalmente” márgenes de utilidad y precios de referencia para cualquier etapa del proceso económico.
Además, permite aplicar sanciones a quienes remarquen artificial o injustificadamente los precios de una forma que no sea proporcional a los aumentos de los costos; o a quienes obtengan “ganancias abusivas”, acaparen mercadería, se nieguen a la venta de productos, afecten el normal abastecimiento de una mercadería; o no entreguen facturas.
El Ejecutivo también podría dictar normas que rijan los procesos de comercialización, intermediación, distribución o producción, y disponer la continuidad de estas etapas dentro de los niveles o cuotas mínimas que establezca.
Las multas podrían llegar a los 10 millones de pesos, y también se podría dictar la clausura por 90 días o la inhabilitación por dos años.
El otro de los proyectos crea el servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), donde los usuarios y consumidores podrán presentar sus reclamos de forma gratuita, y éstos deberían ser solucionados en un plazo de 30 días.
Si no se llega a un acuerdo, se podría accionar ante la Auditoría de Relaciones de Consumo, primero, y la Cámara Federal y Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo o ante la Cámara Federal de Apelaciones correspondiente.
Por último, la otra de las iniciativas implementa un “observatorio de precios” que se encargaría del monitoreo, relevamiento y sistematización de los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en Argentina.
