En la cumbre de los grupos antiderechos que culparon y difamaron a la menor por acceder a un aborto no punible al haber sido víctima de una violación, el obispo Collazuol emitió su opinión basándose en una nota publicada por un medio digital concordiense que “informaba” que el bebé había nacido con vida y que estuvo en una palangana por 10 hs, situación que fue alimentada luego por el director del Hospital Masvernat, Miguel Ragone; el ginecólogo, Fernando Rivas y el fiscal interviniente, José Arias, entre otros. En consecuencia, y al comprobarse posteriormente la falacia de tal afirmación, De la Madrid envió una carta documento al religioso solicitando la retractación de sus dichos y avanzó también contra el resto de los aplaudidores.
¿Qué pasa si el Obispo no se presenta?
“La ley de Entre Ríos prevé la mediación previa obligatoria para este tipo de procesos. En caso de llegar a un acuerdo entre las partes, esa resolución ya vale como una sentencia judicial.”, detalló el letrado. “Ahora, si el Obispo no se presenta, se impone en primer lugar una multa, se cierra la instancia de mediación y en caso de que la parte afectada así lo decida, se da inicio a un proceso judicial”, aclaró. “Yo considero que no tiene mucho margen de maniobra, porque si no asiste cargaría también un gran impacto social si se tiene en cuenta lo que el obispo representa”, advirtió.
¿Como sigue el proceso judicial contra el resto de los actores?
La mayor parte de los datos difundidos fueron suministrados por el poder judicial, por lo que en este caso es el Estado Provincial el que responde por la denuncia, y en este contexto es donde entra la actuación del Fiscal José Arias: “Es difícil responsabilizarlo en forma directa porque él va a decir que estaba cumpliendo su función, que no dijo nada de más ni emitió un juicio de valor. Pero hay un artículo viejo del código civil que se ha readaptado y que establece la responsabilidad del estado por la actividad anti funcional de sus funcionarios. Y por eso vamos a responsabilizar al poder judicial”, explicó.
En cuanto a las sanciones que podrían recaer sobre el director del Hospital Masvernat, Miguel Ragone, el ginecólogo y obstetra Fernando Rivas y el director del medio digital donde se publicó la falsa sobrevida, todos partícipes necesarios en la revictimizacion de la menor, el letrado consideró que sus sanciones serán consecuencia de lo que haga el obispo: “Es una cuestión estratégica porque, sea en la instancia de mediación o en un proceso judicial, ni bien el obispo acepte públicamente que sus dichos fueron apresurados, basados en una información falsa y en un juicio de valor motivado por el falso artículo, todo el resto de los actores caen en la desmentida”, afirmó.
“Además, Una vez que se agrega en la causa judicial la pericia médica forense que determina claramente que no hubo actividad eléctrica en el cerebro del bebe ni actividad de oxigeno en sangre ni pulmones, o sea, que nació muerto, la causa penal se cierra. De todas maneras, nosotros vamos a hacer una acción legal reclamando sanciones en el marco de lo que se llama Violencia Institucional”
Víctima de violación y de la sociedad
La violencia institucional sugiere que más allá de que no se suministraron datos personales de la nena, la realidad es que va a crecer y en algún momento va a ver y recordar cómo se hablo de ella por esta situación, las difamaciones y acusaciones que se le hicieron públicamente a raíz de la información errónea otorgada por poder judicial y caería así en una doble victimización: La violación que sufrió y las acusaciones de la sociedad por la decisión tomada. “Por estas futuras consecuencias es que vamos a seguir a muerte con el proceso”, adelantó el letrado y recordó: “Ya hubo una situación similar de violencia institucional comprobada en la provincia de Entre Ríos, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos mandó a jueces, fiscales y defensores a capacitarse”
¿Cómo y cuándo se cierra la causa?
Según el abogado defensor, eso va a depender en principio del resultado de la mediación con el Obispo: “Si Collazuol asiste y acuerda retractarse de sus dichos y lo hace públicamente que es lo que nosotros queremos, ahí se termina la parte del obispo. Si no se presenta, se sigue adelante con el proceso judicial y se termina con la resolución que dicte la justicia. Ahora en el caso de la acción contra el Estado y la Violencia Institucional, la causa sigue en un juicio completo que lleva mucho tiempo. Es un trecho largo que supone un mínimo de 8 o 9 meses”, concluyó.