Acompañando precisamente el reclamo de estos trabajadores, «bregamos que al menos sean ellos los primeros en ser convocados para protagonizar la reactivación anunciada, dado que han sido en todos estos años fieles custodios de este patrimonio de toda la comunidad», remarcaron los diputados.
Al mismo tiempo, hicieron un llamado a la comunidad y especialmente a la dirigencia política entrerriana, para que “entre todos ejerzamos el requerido contralor sobre el accionar de este empresario –cuyos antecedentes no dejan más que dudas sobre cuál será el real destino del ex frigorífico— en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Nación para transformarse en el propietario definitivo”, remarcaron los diputados de la Concertación, recordando que la entidad crediticia le dio un plazo de 90 días para iniciar las actividades productivas.
“Santa Elena no puede tolerar una frustración más. Desde el cierre de la planta no ha habido más que promesas y desengaños para ese pueblo, que incluso ahora debe ser el triste destinatario de un complejo penitenciario sobre tierras que deberían disponerse a la producción, al crecimiento y al bienestar de su gente”, concluyeron.
