También quieren saber cuánto se gastó en la campaña publicitaria oficial en contra del anterior paro del mes de mayo; cuál es el monto total de la campaña publicitaria que realiza la Dirección General de Rentas; por qué medios se publicaron las convocatorias a licitaciones y/o concursos de precios para las mencionadas campañas de difusión y, en caso de haberse recurrido a la vía de excepción, cuáles han sido las razones de urgencia.
“Para los legisladores, utilizar los recursos del Estado para llevar a cabo una publicidad negativa contra “una decisión, tomada en el seno de una institución de la democracia y dentro de los canales jurídicos”, no encuadra en lo que la ley marca como la debida “difusión de los actos de gobierno”. Por el contrario, dicen que esta decisión “podría bien calificarse como un abuso de poder”.
Pero lo que estiman más grave es que la “metodología de desprestigio sostenida en información parcializada y alejada de cualquier pretensión de respeto a las disidencias, se repite”, dado que ya se recurrió a este recurso en ocasión del paro llevado a cabo por la Agmer en el mes de mayo de este mismo año.
A esto ligan la campaña de difusión que lleva a cabo la Dirección General de Rentas, para la cual “se desconocen los mecanismos de selección de quienes son los proveedores del servicio”.
Estos casos, mencionados a modo de “ejemplos” en el pedido de informes, “hablan de la urgente necesidad” de que el Estado entrerriano “se dé mecanismos transparentes sobre sus políticas públicas de comunicación, tal como se intenta trabajar desde el Foro por la Comunicación Entrerriana, cuya constitución fuera acompañado por el voto unánime de esta Honorable Cámara”.
