El 24 de febrero, el juez de Garantías, Marcelo Garay, dictó el desalojo de dos familias asentadas en un predio frente al barrio “El Toronjal”, lindante con la escuela Nº 6 “San Martín”, propiedad de Celina Angélica Anthonioz Blanc. El representante legal de la propietaria, Alejandro Oriol, hizo una presentación en el Juzgado y hoy se iba a proceder al desalojo.
No obstante, una presentación del Defensor de Pobres y Menores evitó la expulsión. Alegó que hay menores entre las familias e incluso, un chico que padece discapacidad. “Se resolvió por medio de Funes Palacios prorrogar hasta tanto las autoridades municipales reubiquen a esta gente en algún terreno municipal”, dijo Bonelli. Las familias carecen de recursos y los tutores son desocupados. Por lo tanto, se descuenta que no tienen medios para adquirir un terreno.
“Nuestra labor como subsecretaria de Derechos Humanos es trabajar mancomunadamente con el municipio para ver donde podemos instalar a estas personas”, señaló.
Bonelli señaló que el déficit habitacional en Concordia es “preocupante”. A eso le añadió la carencia de un hogar de tránsito tal como existe en otras ciudades. “Es cuestión de charlarlo, de hablar con las autoridades e ir pergeñando un hogar de tránsito para esta gente que pasa esta problemática”, explicó.
Lo más parecido es el Hogar de Ancianos “Juana de Istilarth” pero sólo pueden ingresar personas mayores de 70 años. “Vivimos en una ciudad de 170.000 habitantes y estas problemáticas van a seguir ocurriendo”, señaló. En tal sentido, dedujo que el hogar debería ser administrado por la Provincia dado que los refugios que dependen de las municipalidades se ubican en ciudades grandes como Rosario. La otra opción es la Nación. “A esto hay que charlarlo, hay una realidad palpable que aparece en estos casos”, indicó.
