“Por esa baja presión tributaria relativa, en Entre Ríos los recursos de recaudación propia representan apenas el 22 % del total de recursos tributarios, el 78% viene de la coparticipación nacional”, remató Schunk
“La reacción de cierta dirigencia rural solamente se comprende por el ánimo de protagonismo y la defensa que intentan hacer de 3.000 grandes propietarios, que poseen casi la mitad de las tierras explotables en la provincia. No existe ningún argumento real que avale su postura”, sostuvo Schunk.
“Esto es claro porque el mayor peso del aumento de los avalúos fiscales de los campos para el pago del inmobiliario rural recae sobre las grandes propiedades agrícolas. Los pequeños productores tienen un impacto mucho menor”, manifestó el funcionario. “El pequeño productor se beneficia no sólo porque paga proporcionalmente menos, sino también en forma indirecta porque el 20% de la recaudación del impuesto va a vialidad para mantenimiento y mejora de los caminos. Y en este sentido es claro que ningún otro gobierno ha hecho tanto en materia de infraestructura que el actual”, dijo Schunk.
“¿Cuál es la forma de equilibrar la presión tributaria? Mediante impuestos directos que graven la riqueza. No hay otra si queremos que sea justa y efectiva. El Gobierno entrerriano no grava la producción agropecuaria con ingresos brutos, como sí lo hacen otras provincias, porque es un modo de recaudar que perjudica a los que trabajan”, dijo Schunk.
“Por otra parte lo que hace el Gobierno de Entre Ríos es cumplir con la legislación vigente. Ni más ni menos. El avalúo fiscal de los campos para la determinación del impuesto inmobiliario rural se obtiene a partir de un procedimiento técnico definido por la ley 8.672, con 20 años de existencia”.“Ese procedimiento tiene en cuenta los modelos productivos y las diferentes productividades de las zonas rurales. Es decir, los campos agrícolas de mayor productividad van a tener un valor fiscal más alto que las tierras de menor rendimiento”, dijo el Ministro. “Además, los precios de los productos agropecuarios que toma en cuenta este procedimiento técnico para el cálculo del avalúo son los disponibles al productor, es decir, ya tienen deducidos los derechos de exportación” aclaro Schunk.
“Si los precios de los productos agropecuarios y de las tierras están altos, es lógico que el impuesto aumente con la aplicación del procedimiento técnico. Esto debería haber sucedido ya en 2009, pero se postergó. Los precios de la tierra en pesos crecieron entre 15 y 16 veces en la última década, mientras el cobro del impuesto inmobiliario rural creció 6 veces. Hay un desfasaje evidente. Hoy una hectárea en una zona promedio vale entre 30 y 40 mil pesos. Por ello, aún con la actualización de este año, el avalúo fiscal de los campos todavía representa sólo el 20 o 25% del valor real de mercado en promedio”, aclaró Ministro.
“Si alguien tiene un campo, digamos de 600 o 700 hectáreas, en una zona media, significa que posee un capital inmobiliario de más de 20 millones de pesos. Con la aplicación de la ley, suponiendo que pague la escala máxima, estaría abonando $32 por hectárea por mes, es decir, 384 pesos la hectárea al año. A los precios actuales, con dos quintales de soja o 40 kg. vivo de carne, paga el impuesto. Esto es bajo en relación a los ingresos que se pueden obtener en dicha hectárea, que rondan los 25 quintales de soja o los 220 kg. de carne. Además, estamos hablando de los que más pagarán”, dijo el funcionario.
“En definitiva, no se comprende la virulencia del ataque al Gobierno, salvo que haya otras intenciones. El Gobernador fue claro en su mensaje de inicio de la nueva gestión. Dos ejes principales son el combate a la pobreza y la mejora en la educación. Nada de eso es posible sin una estructura tributaria progresiva.”, mencionó el funcionario.
