Para el funcionario entrerriano quedó en evidencia que a De la Sota, que había ordenado el cierre de las antenas ubicadas en la provincia de Córdoba, “poco le importa el medio ambiente” y que, en cambio, lo que hizo fue “lo de siempre: alguna vez fue alcahuete de los militares; ahora es alcahuete de los monopolios, lo que una vez más se le volvió en contra”, aseveró.
“Antes y después de aquél tropiezo memorable del ‘cordobesismo’, De la Sota no ha dejado de equivocarse. Pero esta vez fue demasiado lejos en contra de una de las políticas públicas más inclusivas y superadoras de los últimos tiempos”, cuestionó Báez.
“Medidas como ésta, que terminan perjudicando a quienes menos tienen, ubican a De la Sota en el cúmulo de dirigentes opositores que actúan movidos por la desesperación y el odio”, agregó Báez, en coincidencia con declaraciones de las últimas horas del gobernador Sergio Urribarri acerca de su par cordobés.
El funcionario, que también preside el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, dijo finalmente que “el acceso igualitario a la información llegó para quedarse en la Argentina”.
LA MARCHA ATRÁS de DE LA SOTA Y EL REVES JUDICIAL
En enero, el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, ordenó el cierre de las antenas ubicadas en las ciudades de Leones, Villa María, Malagueño, Villa Dolores y Río Cuarto, con el argumento de que no se cumplían las exigencias de la normativa provincial en cuanto al impacto de las estaciones transmisoras.
La medida fue enmarcada por el oficialismo en diferencias políticas que el mandatario cordobés mantiene con el Gobierno nacional. Y se lo acusó de favorecer a los monopolios y atentar contra la libertad de expresión al impedir la emisión del sistema de televisión gratuito.
La semana pasada, De la Sota dio marcha atrás con la medida, antes de que la Justicia Federal, a la que había acudido la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), se pronunciara al respecto.
El fallo finalmente hizo lugar a la medida cautelar interpuesta por el organismo y señaló que “no existe impacto ambiental actual inminente y grave, como así tampoco, daño a la salud de la población, que amerite detener las obras llevadas a cabo por la empresa AR-SAT, ni interrumpir las transmisiones”.
