La apertura del sumario se confirmó a través de un decreto que lleva la firma del gobernador Gustavo Bordet y de la titular del Ministerio, Sonia Velázquez y apunta al ginecólogo y obstetra Fernando Rivas por la «divulgación de información y datos reservados de una paciente menor de edad ventilados a la prensa» y por desconocer el protocolo ILE vigente. Además, lo acusa de infringir la Ley provincial 9892, de Carrera Profesional Asistencial Sanitaria, y ahora las autoridades deberán decidir qué sanción le cabe.
La menor había ingresado al hospital a fines de octubre de 2018 con dolores abdominales, y tras una ecografía, se constató un embarazo de 20 semanas de gestación. El 9 de noviembre regresó con su madre y decidió iniciar el protocolo de ILE/aborto no punible.
A las 14 del día siguiente, según la historia clínica del hospital, la menor expulsó el feto y las autoridades médicas entregaron el «óbito» a personal de la policía, a los pocos minutos de la expulsión, en un frasco con formol. En ese contexto, Rivas y un grupo de enfermeras del servicio de obstetricia se negó a asistir a la menor.
Pero en los últimos días se constató que el médico divulgó «detalles del caso, la cantidad de semanas de gestación del embarazo de la adolescente» y puso en dudas «el origen de la concepción, o sea el delito de abuso sexual del cual fue víctima» la menor.
En entrevistas periodísticas, Rivas consideró que fue «una situación validada, por decirlo de alguna manera, y no fue un aborto sino un parto inmaduro», lo que para el Ministerio demuestra «un total desconocimiento del protocolo» ante estos casos.
También la cartera recalcó los derechos «a la privacidad y confidencialidad de las mujeres que se someten a éstas prácticas», por lo que se le inició un sumario administrativo al médico, ya que esas declaraciones «resultan violatorias» de la privacidad de la menor.
Además, el Ministerio también apuntó al personal de enfermería que se encontraba de turno ese 10 de noviembre que, «conforme los elementos probatorios, se negaron o no brindaron asistencia y atención» a la menor.
En ese sentido, el decreto asegura que «de ninguna manera se trata de un justificativo el hecho de que no compartan por cualquier razón la práctica ILE», por lo que se le aplicaron «cinco días de suspensión sin goce de haberes».
Por otra parte, el Ministerio de Salud entrerriano también desmintió a la Iglesia Católica de Concordia, que en ese entonces aseguró que el bebé nació con vida y se debatió cómo proceder durante unas 10 horas.
Calificó esas declaraciones como «manipulación perversa e intimidación, hiriendo profundamente la sensibilidad social, violentando los derechos de la niña y atentando contra la necesaria tranquilidad de los equipos de salud».
El personal de neonatología del hospital «no participó ni intervino en el caso, debido a que no se produjo un nacimiento con vida», añadió.
