La clave para entender porque se trata de una situación que varía constantemente está en la definición en sí misma de los asentamientos precarios. Se trata de alojamientos temporales hasta que la persona proveniente de otros lugares y sin empleo encuentre un trabajo estable y disponga de dinero para acceder a una vivienda. Aunque muchas veces aspire a poder construir su casa en el lugar que ocupa, no siempre lo logra.
La subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela Sbresso, aseguró que ya censaron varios barrios. En Cancha Las Heras, 9 de Julio, María Goretti, Carretera La Cruz, Borde del arroyo Manzores hay 350 familias numeradas. En el Don Jorge hay 30 más, en Las Tablitas (Benito Legerén) 100, en El Arenal 40, Fátima II 20, La Colina 200, Las Esperanza 50, Llamarada I y II, Las Viñas I y II 280, Villa Cresto 100, Victorino Simón 50, Km 6 10, y Salto Chico 30. “No son todos porque tenemos el barrio Mendieta también que es un asentamiento con la característica de que parte de los terrenos son públicos y parte son privados donde hay aproximadamente 30 familias”, manifestó Sbresso.
“Hay que sumarle algún otro asentamiento que todavía no hemos llegado con el relevamiento”, explicó la ex concejal. Un ejemplo es La Bianca que fue dividido en tres sectores: Pampa Soler donde hay 50 familias, cancha nueva de La Bianca 50 más, cancha vieja de La Bianca otras 30 más otras desperdigadas a lo largo del sector conocido como El Martillo. En total llegan a las 200.
Una suma provisoria da cuenta de 1490 familias censadas afincadas en diversos asentamientos. No obstante hay más aún. Según explican desde Desarrollo Social, detrás del hipermercado hay viviendas precarias que no fueron incluidas en el censo. Lo mismo sucede al sur de calle Gastelacoto (acceso al club Regatas) donde hay varias familias asentadas en el espacio delimitado por la desembocadura del Manzores. A ello hay que sumarle la aparición de ranchitos en cercanías de El Martillo, en la intersección de la ruta 22 y acceso sur.
Desarrollo Social efectúa un censo con el fin de realizar una estadística de la problemática social para abordar la temática y comenzar a trabajar con las familias más necesitadas. “Que tipo de necesidades tienen y como se les puede ayudar”, explicó Sbresso.
“Hay programas a nivel nacional como a nivel provincial y los sistemas que pone en funcionamiento la municipalidad se va viendo como se puede ir solucionando los problemas de cada barrio puntualmente”, manifestó. Como en muchos lugares se trata de terrenos privados, Sbresso sostuvo que no pueden “generar esperanzas” en las familias que van a poder levantar sus viviendas. “Salvo que se genere un plan, que ya no depende de nosotros, para ver la posibilidad de una adquisición”, expresó.
Miles de viviendas
A mediados de enero, Urribarri sostuvo que es posible concretar alrededor de 2.000 soluciones habitacionales por año de manera de cerrar su segunda gestión sin villas de emergencia, al menos en las principales ciudades de la provincia. El plan apunta a terminar con los casos de extrema vulnerabilidad en las cuatro ciudades de mayor densidad poblacional de la provincia: Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.
«La existencia aún de viviendas precarias (ranchos o casillas), en los principales centros poblados acompaña situaciones de hacinamiento, falta de servicios básicos (agua, energía, saneamiento), y configura condiciones para otras problemáticas que desvelan al gobernador, la violencia familiar», se explicó en un informe de prensa gubernamental.
El programa provincial prevé un fondo integrado por aportes del Estado entrerriano –que se desprenderán de las “cajas” más rentables–, al que se sumarán recursos que llegan a la provincia del gobierno nacional, capitales originados por la venta de numerosos inmuebles del gobierno provincial que se encuentran ociosos y no prestan ninguna utilidad. Tampoco se descarta la participación de organismos internacionales que financian este tipo de emprendimientos.
A eso se le suma el producido de un impuesto especial a la transferencia gratuita de bienes, aprobado por la Legislatura de Entre Ríos. El diputado Luis Jakimchuk (FPV- Concordia) defendió la implementación del mismo debido a que financiar un programa que apunta al sector social más vulnerable “producto no sólo de la pobreza sino también por la mala distribución del ingreso y de la riqueza”, argumentó. “Los excelentes indicadores económicos evidentemente no han alcanzado para estos miles de entrerrianos que enfrentan una necesidad básica como es la vivienda”. En consecuencia, “no han obtenido el beneficio de este proyecto de crecimiento”.
En materia de viviendas: “estamos lejísimos; estamos en deuda”, admitió Jakimchuk. En ese sentido, admitió la existencia de un límite para lo que se quiere implementar: el recurso económico. “Ahí es donde precisamente donde el gobernador plantea la necesidad de crear un fondo para la infraestructura social”, indicó.
El intendente Gustavo Bordet estimó que alrededor de 2000 familias estarían en condiciones de ingresar al plan. Y ayer aseguró que en Concordia hay un total de 18 cooperativas y 5 o 6 empresas chicas que ya están en condiciones de iniciar un plan de 200 viviendas. “Estamos en condiciones de hacer esto porque además ya tenemos regularizada la situación dominial de 600 familias que actualmente viven sobre terrenos del municipio que ya traspasamos”, manifestó.
