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El Jury se reunirá para tratar la recusación de los magistrados

En la víspera pudo confirmarse que el Jury se reunirá para “analizar la recusación”, sin que pudiera asegurarse que en el mismo encuentro el tema quedará resuelto.
Dado que es el mismo jurado el que resuelve las recusaciones previo escuchar las posiciones de los recusados, no se descarta que llegado el caso, para adoptar la resolución se deba dar intervención a los suplentes de los tres titulares por el STJ, quienes estarían en igual situación, por lo que tampoco se descarta que, llegado el caso, deba recurrirse a los conjueces.
El doctor Miguel Carlín, miembro del máximo tribunal explicó que en el procedimiento a seguir “hay un examen preliminar que realiza el Jurado de Enjuiciamiento para determinar si la presentación hecha por el recusante cumple los recaudos de la ley”.
Puntualizó que “por un lado, hay que ver si se trata de alguien que está habilitado para recusar; en segundo lugar, si las recusaciones están en término y, en tercer lugar, si se imputa a los miembros del jurado recusados”, al tiempo que subrayó que “si no fuera así, el propio Jurado está en condiciones de repeler la recusación”.
Respecto del primer punto señalado por Carlín, trascendió que existe jurisprudencia según la cual la práctica ha sido rechazar in limine los pedidos hechos por el denunciante por entenderse que no es parte del proceso.
Ex miembros del Jury durante los años 2000-2004 recordaron que en ese período no prosperó ninguna recusación e incluso señalaron que “absolutamente restringidas” son las causales para planteos de esta naturaleza.
Por otra parte, el doctor Carlín aclaró que él no firmó la “acordada” a la que hizo referencia el gobernador Jorge Busti en la recusación contra los miembros del Superior Tribunal de Justicia que integran el Jurado de Enjuiciamiento —Bernardo Salduna, Germán Carlomagno y Juan Carlos Ardoy— que debe evaluar a los jueces de Ejecución de Penas Malatesta y Retamoso respecto de su actuación en oportunidad de autorizar salidas transitorias al condenado Miguel Ángel Lencina, a quien con posterioridad se imputó como principal sospechoso en la desaparición de Fernanda Aguirre.
En ese orden, consideró que debido a que no rubricó el documento “no estaría comprendido” en la solicitud de “inhibición” contra el resto de los vocales del Alto Cuerpo.
Cabe recordar que basándose en la misma acordada —firmada el 3 de agosto— el primer mandatario provincial también pidió la inhibición del resto de los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), pero debido a que Carlín no participó de la misma, “no estaría comprendido en dicha solicitud”.

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