Las cifras son oficiales y surgen de pedidos de acceso a la información pública realizados en ambos países, luego de que la Corte dictara su fallo, el 20 de abril. Los datos de la Argentina responden a una solicitud que hizo LA NACION, con colaboración de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Los de Uruguay, a un pedido de la ONG Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública.
La suma invertida por el gobierno argentino incluye, según informó la Cancillería, todos los gastos y honorarios de abogados y expertos externos y viáticos de los funcionarios y otras erogaciones, como traducciones e impresión de documentos, entre mayo de 2006 y el 20 de abril pasado.
Ese día, la Corte dijo que Uruguay debería haber informado sobre la instalación de la planta, pero rechazó el pedido argentino de resarcimiento y de relocalización de la pastera de la ex Botnia, al no comprobarse contaminación ambiental.
La cifra total, US$ 2.549.137, representa el 0,16% del presupuesto de Cancillería entre 2006 y 2010. La mayor parte de ese monto corresponde a los «gastos y honorarios de abogados y expertos externos». La Argentina destinó US$ 1,7 millón a pagar la contratación de 7 profesionales. Uno de ellos, Marcelo Kohen, donó casi todos sus honorarios a un centro de veteranos de Malvinas. La contratación de abogados fue también el rubro al que más dinero destinó Uruguay.
La cancillería argentina debió hacerse cargo de los viajes de siete expertos externos y de nueve funcionarios a 16 audiencias en Holanda. También tuvo que solventar traslados a París, a Ginebra y a Londres.
