El juez asimismo rechazó llamar a indagatoria a los asambleístas denunciados pues consideró que los vecinos no llegaron a tener conciencia, mientras bloqueaban el puente internacional, de que estuvieran cometiendo un delito.
Quien figura como querellante es el Procurador General del Tesoro Nacional, Joaquín Da Rocha, que fue autorizado, de apuro, el 12 de junio por la Presidenta Cristina a través de un decreto.
Ahora, Da Rocha puede acceder a la causa, pedir medidas y ser notificado de cada movimiento de la investigación. Además, el gobierno argentino podría denunciar, como planeaba, a los asambleístas por dieciocho delitos, incluidos sedición y homicidio culposo.
A través del decreto 828, las autoridades habían sentenciado: «La ocupación indebida del paso fronterizo ha implicado la comisión de diferentes ilícitos que comprometen una amplia variedad de bienes jurídicos públicos y privados tutelados por la Constitución Nacional y cuya detección y cese corresponde a los poderes del Estado».
