El juez Federal Quadrini procesó y embargo a dos represores por violaciones a los derechos humanos

En una resolución de 100 fojas, el juez Quadrini resolvió procesar y embargar a dos de los imputados en la causa en la que se investiga el secuestro y torturas de estudiantes secundarios y militantes políticos ocurridos en 1976 en la delegación uruguayense de la Policía Federal.
Se trata de Juan Valentino, que se desempeñó como jefe del Ejército en Gualeguaychú durante la última dictadura militar; y de Julio Rodríguez, alias Moscardón verde, quien fuera agente de la fuerza durante esos años y jefe de la Delegación Uruguay de la Policía Federal.
Valentino se encuentra detenido en la unidad penal de Campo de Mayo, desde el pasado 25 de noviembre, fecha a la que se había presentado a prestar indagatoria ante el juez Quadrini; mientras que Rodríguez está alojado en la cárcel de Marcos Paz desde el 27 de noviembre.
Además de los procesamientos, el magistrado trabó un embargo por un monto de 800.0000 pesos para Valentino y de 500.000 pesos para Rodríguez.
En dialogo con ANALISIS DIGITAL, la abogada querellante María Caccioppoli dijo estar “satisfecha con el trabajo que se viene realizando en el Juzgado Federal”, y acotó que el procesamiento fue dispuesto “por dos cargos, que tienen relación con los hechos investigados, por la imputación de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, torturas y apremios ilegales”.
En febrero de 2006, César Román, un uruguayense que actualmente es docente universitario y reside en Mar del Plata, se presentó como querellante para que se investigue la detención y tortura de un grupo de estudiantes secundarios de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, ocurrido en 1976 en la sede de la Policía Federal, durante la última dictadura militar.
Además de Román, del hecho también habían sido víctimas el actual subsecretario de Derechos Humanos, Roque Minatta; el trabajador municipal Carlos Paiva; y el ex concejal Juan Carlos Changui Rodríguez (PJ), que actualmente integra el equipo de trabajo del vicegobernador José Lauritto.
Caccioppoli también explicó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una de sus acordadas, ordenó que en todos los juzgados federales en los que se tramiten causas por delitos de lesa humanidad se deben crear secretarías que se encarguen de llevar adelante dichas investigaciones.
Sin embargo, en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay en donde se tramitan las causas denominadas “Área Gualeguaychú”, “Área Concordia” y la causa por los hechos ocurridos en la Delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal, aún no ha sucedido y por eso se tramite en un de las dos secretarías penales. En ese sentido la abogada querellante expresó que la fiscal federal Milagros Squivo sí creó una oficina en el Ministerio Público, “que viene trabajando muy bien”.