El Juez Federal Ariel Lijo llamó a indagatoria a Hernán Orduna

En ese caso se investiga también al Canciller Héctor Timerman – quien firmó la adjudicación- y a otros funcionarios del ministerio y a los empresarios relacionados con la contratación de la firma Punto Baires. Por el alquiler de computadoras de escritorio, notebooks, impresoras, fotocopiadoras, pantallas de plasma, pantallas gigantes, equipos de sonido y dispositivos de traducción simultánea el Estado pagó $6.000.000.
Según la noticia del diario Clarín, en aquella licitación se presentaron otras tres empresas: Compañía Audiovisual que cotizó el servicio en $ 7.400.000, AVR que fijó un precio de $ 7.200.000 y 2MGNet que había estipulado el menor valor: $ 3.250.000. Si bien cotizó casi la mitad de lo que se pagó, la oferta de 2MGNet fue desestimada por la Cancillería por cuestiones técnicas que esa empresa impugnó.
Por Tribunales pasaron seis funcionarios involucrados en él y cinco empresarios. Los que ganaron la licitación y los de dos empresas vinculadas a la ganadora que cotizaron más que Punto Baires. Las declaraciones indagatorias de los imputados y las testimoniales de diversas personas llevaron al juez a subir en la línea de responsabilidad de Cancillería y pedir la indagatoria de Orduna, uno de los secretarios del ministerio, quien tendrá que presentarse el 7 de septiembre próximo.
Para La Cumbre de 2010 donde hubo más de 2.000 asistentes, se alquilaron alrededor de 370 computadoras personales a un precio cercano a los $ 6.600 cada una. En cambio la empresa que fue dejada fuera de la licitación había ofertado realizar el mismo servicio por $ 1.650. Y es en ese ítem donde está la enorme diferencia de precios.
En el expediente interno de la Cancillería, el 29 de noviembre de 2010, dos días antes de que se iniciaran las reuniones preparatorias de La Cumbre -los presidentes debatieron el 3 y el 4 de diciembre -, la firma Punto Baires ganó la licitación. Pero un informe de la Dirección General de Infraestructura de la Cancillería firmado por el arquitecto Eduardo Casado Sastre había marcado que desde el punto de vista técnico.
“Punto Baires y 2MGNet están capacitados pero en sonido, video e iluminación es superior 2MGNet”. La investigación de Lijo se basa en tres sospechas: que se favoreció a la firma adjudicataria, que las empresas que pusieron precios más altos estaban vinculadas entre si y que los valores pagados excedían los del mercado.

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