Juárez expresó que aparentemente los ediles le pidieron al intendente que vetase la medida aprobada recientemente. El Concejo está compuesto por dos concejales del Frente para la Victoria, dos de la UCR y seis de la ex lista 100. “Nos sorprendió que los mismos concejales oficialistas que aprobaron la ordenanza y hoy salen en los medios locales diciendo que no leyeron bien lo que aprobaban, que estaban arrepentidos y que les faltó consensuar con el intendente”, señaló el edil.
Además de que el veto genera un conflicto entre el Ejecutivo y el Concejo, Juárez teme que el cuerpo deliberativo caiga en descrédito frente a la sociedad. “Estamos preocupados y afligidos por esta situación”, resaltó. Juárez cree que, detrás de las idas y venidas en torno al tema, se está gestando una maniobra política para “ridiculizar al intendente porque si bien llegó con la lista 100, no estaba acordad su continuidad porque los dirigentes venían denunciado que el intendente empezó a reunirse con el gobernador Urribarri. Se ve que hay un problema interno con el oficialismo local”, dijo.
Desde hace un año que los vecinos de un barrio denuncian a la existencia de un depósito de chatarra que pertenece a Enersa. En realidad, a los pobladores les preocupa la presencia de transformadores que puedan tener en su interior PCB (policlorobifenilos o bifenilos policlorados), un aislante considerado como uno de los doce contaminantes más nocivos fabricados. Actualmente su uso está prohibido en casi todo el mundo.
La Mesa Ambiental de esa ciudad reclamó la relocalización del depósito. Y se elaboró un proyecto de ordenanza que envió al Concejo Deliberante donde establece la erradicación del radio urbano de galpones donde se acumulen transformadores. Además le otorga un plazo de 120 días para que Enersa retire los transformadores. El proyecto estuvo tres meses en el Concejo y hace diez días fue sancionada por unanimidad. “Eso llevó un poco de tranquilidad a los vecinos”, dijo Juárez.
La semana próxima llegará el texto del veto al Concejo. “Es una situación bastante contradictoria”, dijo Juárez en referencia a las declaraciones de los concejales. Mientras tanto los transformadores están abandonados y tirados en el suelo del depósito, tal como lo reconocieron algunos empleados de la empresa en una audiencia pública efectuada hace dos meses en San Salvador. “Los tiraban en el suelo sin ningún tipo de protección del medio ambiente ni en el piso”, señaló.
El galpón está a cuatro cuadras de la plaza principal. Si bien se encuentra sobre la ruta 18, está una zona densamente poblada. “Hay muchísimas viviendas y los pobladores tienen los temores lógicos que genera tanta cantidad de elementos si bien la empresa presenta los certificados que no contienen PCB pero genera preocupación”, indicó Juárez.
