El asesor legal del Instituto de Discapacidad de la Provincia (I.P.D.), Guillermo Ledesma Maximinio dijo que las presentaciones realizadas por la Asociación de Padres y Familiares de Personas Discapacitadas de la Costa del Uruguay “carecen de sentido, demuestran un total desconocimiento de cómo funcionan las instituciones en un Estado de Derecho y nos llevan a pensar seriamente que alguno de sus integrantes persigue objetivos políticos, destinados únicamente a desprestigiar a nuestro organismo y que nada tienen que ver con la defensa de los derechos de las personas con capacidades diferentes”
Dicha asociación envió ayer una nota al Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, y a la Comisión Nacional de la Discapacidad en la que se afirma que la titular del I.P.D., Cristina Cremer pasó “por alto toda una legislación nacional” y quitó “los pocos derechos” a los discapacitados entrerrianos, según informó a la prensa su presidenta Ana María Martínez. La mujer culpó al Instituto de Discapacidad de haber eliminado en la provincia el carácter nacional del Certificado de Discapacidad y de impedir que Entre Ríos adhiera a la legislación nacional sobre la materia.
Al respecto, el doctor Ledesma Maximino indicó que “ya resulta ridículo tener que volver a explicar a esta persona que en un régimen federal la Provincia no tiene obligación de adherirse a cualquier norma nacional, sino que antes de plegarse a una norma sancionada por el Congreso lo más responsable es analizar si es aplicable y si conveniente para la realidad local. Esta norma nacional es aplicada actualmente sólo en tres o cuatro provincias y en Entre Ríos se está evaluando la mejor propuesta legislativa que permita el cumplimiento de los objetivos planteados y que puedan plasmarse en nuestra realidad, para que la norma no sea una mera enunciación de propósitos irrealizables”.
Consejo Asesor
El abogado agregó que, frente a declaraciones públicas anteriores de Martínez, “el Consejo Provincial Asesor” –un ente integrado por ONG´s sin fines de lucro y normalizadas del sector discapacidad, que asesora al I.P.D. desde que fuera creado por ley en 1998— “se pronunció para explicar que sólo un desconocimiento supino del funcionamiento del Estado de Derecho, o la mala fe pueden llevar a sostener que el Gobierno de Entre Ríos se opone al sistema de prestaciones básicas, con el argumento falaz de la no adhesión, pura y simple de la ley nacional 24.901”.
El mismo Consejo Asesor, en un documento elaborado a fines del mes pasado subrayó que “Entre Ríos no necesita de una ley que lo obligue a la atención de los discapacitados, porque lo viene haciendo desde el primer día de este gobierno, como lo hizo en las dos anteriores gestiones del doctor Busti.”
“Es un error muy grave pretender que por la adhesión lisa y llana una ley nacional sea auto-operativa y de cumplimiento inmediato con la sola invocación de su número. El que afirme esto miente” indicó Ledesma Maximino. Por otra parte, en cuanto a la presunta interferencia de la presidenta del I.P.D. en la aprobación de una norma de adhesión por parte de la Legislatura entrerriana el asesor letrado manifestó que “esta señora Martínez, que se presenta como asesora de un diputado y mentora de un proyecto de ley en la materia debiera saber cómo funcionan los poderes del Estado y cuáles son los procedimientos de estudio, discusión y sanción de una norma legal”.
Certificados
En cuanto a los dichos de Ana María Martínez acerca del otorgamiento de los Certificados Nacionales de Discapacidad Ledesma Maximino aseguró “reafirman que se trata de alguien que no tiene la menor idea de cómo funcionan las relaciones entre la Nación y las Provincias, y que se dedica a lanzar acusaciones antes de averiguar el por qué de algunas decisiones”.
Explicó que el Instituto Nacional de Rehabilitación, suscribió un convenio de cooperación con el I.P.D., para el otorgamiento de los referidos certificados, fijándose criterios y pautas necesarios para su obtención.
“Fue la Nación la que dispuso el cierre de las oficinas en Concepción del Uruguay y Paraná, como consecuencia del convenio citado, y dispuso que sea el I.P.D., y no la señora Cremer de Busti, quien los otorgue” detalló.
Pero además, agregó que el Gobierno Nacional resolvió un cambio en las clasificaciones de las discapacidades, y por ende se han establecido controles estrictos para el otorgamiento de los certificados. ”Ello ha determinado que se capacite al personal del I.P.D. para adecuarse a las nuevas disposiciones nacionales, y obviamente todo cambio requiere tiempo para su adaptación. El Instituto está por implementar en Entre Ríos dos Juntas Itinerantes, una para la costa del Paraná y otra para la Costa del Uruguay a fin de agilizar los trámites que se presentan. La demora que hoy pueda existir en los turnos se debe a la gran cantidad de solicitudes que hay que evaluar” respondió el asesor legal.
Con respecto a la validez del Certificado, Ledesma Maximino aseveró que “el que otorga Entre Ríos tiene el mismo valor que el que otorga Buenos Aires, pues precisamente ello fue lo que se acordó con el Instituto Nacional de Rehabilitación en el convenio”.
Finalmente, el abogado opinó que “es un papelón que se hayan enviado notas carentes de contenido y que demuestran ante organismos nacionales un total desconocimiento del funcionamiento de las distintas competencias del Estado. Con esa actitud flaco favor se les hace a aquellas personas con capacidades diferentes que se alega defender”.
