En tanto, en un documento, el IAPV firmado por el Directorio, integrado por Julio César Aldáz, José Ricardo Lagares, Gustavo Osuna y Carlos Menéndez, se indicó que se “solicitó inmediatamente la custodia del grupo habitacional, para evitar que se siguieran intrusando las demás viviendas”, mientras que “las actuaciones correspondientes fueron elevadas al Juzgado de turno a cargo del juez Gustavo Maldonado”.
En el comunicado enviado a DIARIOJUNIO se explicó que el IAPV “a través de sus asesores legales está llevando adelante los trámites necesarios para que la justicia ordene el desalojo de las familias intrusadas o que abandonen voluntariamente las viviendas ocupadas ilegalmente, ya que la repartición no va a consentir acciones de este tipo”.
Solicitó además que “ante cualquier maniobra irregular de terceras personas no vinculadas al IAPV sobre la posible venta y/o promesa de entregas de viviendas, se realicen las denuncias pertinentes, donde el Organismo provincial tiene los mecanismos de inscripción de los aspirantes y de adjudicación de cada una de las casas y ante cualquier duda deben consultar en la Gerencia Regional o en la Sede Central en su Gerencia Comercial”.
Por último, el Directorio indicó que “están prácticamente concluidos los trámites de rescisión de la empresa que ejecutaba dicho barrio (cuyas casas están adjudicadas) ante el incumplimiento de los plazos contractuales de la obra que llevaron a su paralización”.
