En Entre Ríos, son 94.000 las viviendas incluidas en el llamado déficit relativo, es decir, son casas que necesitan ser refaccionadas o ampliadas. Aparte, aparece un número mucho menor pero al mismo tiempo indefinido de unidades habitacionales completamente nuevas que deben construirse para grupos familiares que alquilan o comparten el hábitat con otros grupos.
La referencia es necesaria para entender la parte que le corresponde a Entre Ríos del Programa Federal de Construcción de Viviendas, lanzado ayer en el Salón Blanco de la Casa Rosada por el presidente Néstor Kirchner.
De las 120.000 viviendas que se ejecutarán en todo el país, unas 7.000 corresponden a Entre Ríos: 2.900 nuevas al valor de 30.000 pesos y 3.800 a reformar o finalizar, con aportes de 10.000 pesos por unidad. En total, 125 millones de pesos, con lo que significan esos recursos para la dinamización de un mercado interno deprimido, más allá de las unidades habitacionales en sí.
Para el presidente del IAPV, José Cáceres, “cuando se discute sobre redistribución de la riqueza tenemos que hablar de estas cosas”. Para el funcionario, el esfuerzo debe ser reconocido toda vez que “el sistema que supo financiar la construcción de viviendas fue desmantelado durante el neoliberalismo que marginó todo proyecto social de su agenda” y, paralelamente, “lo propio ocurrió con los sindicatos”. El programa es íntegramente financiado por la Nación, la inversión asciende a los 3.900 millones de pesos y se piensan generar 360.000 puestos de trabajo.
A partir de ahora, hay seis meses para presentar proyectos. La primera reacción del Gobierno provincial será pedirle a los intendentes que aporten un listado de terrenos disponibles. La iniciativa se compadece con el Banco Social de Tierras, lanzado recientemente por la Nación con la idea de que, por ejemplo, parcelas sin uso que pertenezcan al Ejército pudieran servir para planes de viviendas. “Rápidamente, tenemos que armar nuestro propio banco de tierras”, dijo Cáceres, al aludir a la necesidad de que la articulación con las intendencias se instrumente de modo urgente.
La inversión será distribuida “en base a la demanda que existe en cada localidad, a los niveles de desocupación y a quienes se han visto más postergados por la administración anterior”. Una vez resueltos los proyectos, con terrenos incluidos, habrá 12 y 18 meses para ejecutar las inversiones.
El otro proyecto próximo a instrumentarse es el Registro Único de Demanda, listado que pretenderá establecer con certeza cuántas y de qué tipos son las casas que se necesitan construir. Es decir, sobre la base del Censo 2001 se cuenta con la cifra de 94.000 viviendas que necesitan distinto tipo de arreglo o ser ampliadas, pero se ignora la evolución que tuvo ese proceso. Sobre el faltante de casas nuevas directamente no se tiene información alguna. El Registro, imaginan las autoridades, permitirá planificar acciones desde una seguridad que hoy no se tiene.
En el acto de ayer, además de Kirchner, el gobernador Busti y Cáceres, estuvieron presentes entre otros los ministros nacionales de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y del Interior, Aníbal Fernández; el secretario de Obras Públicas, José López, y los intendentes de Paraná y Gualeguaychú, Julio Solanas y Daniel Irigoyen, respectivamente. Fue Solanas precisamente quien comentó que al saludar al presidente Kirchner, recibió el pedido de “seguir de cerca todo lo atinente a la nueva planta de Agua Potable de Paraná”.
