El justificativo para la decisión judicial es, según la defensa de los dos imputados, la existencia de una prueba pendiente, un oficio pedido a la red social Facebook para que brinde una información que consideran necesaria para saber si uno de los testigos del juicio pudo ser influido a través de la red social para que declara en contra de uno de los imputados.
La medida de prueba fue solicitada por la propia defensa y según contó el abogado de la querella, Jesús Penayo Amaya, “hace un año que se está discutiendo a quién le corresponde llevar adelante el trámite, aduciendo la carencia de recursos económicos de los acusados, cuando uno de los imputados cobra el IFE y además ofreció como suma de caución real para el beneficio de la prisión domiciliaria los 10 mil pesos. Es decir que tiene diez mil pesos para solicitar la prisión domiciliaria, pero no tiene 600 pesos para pagar una carta documento a FaceBook para solicitar una medida de prueba que la propia defensa pidió y que el juez otorgó.”
Según Amaya “la estrategia de la defensa es claramente dilatoria y aprovecha esa dilación en el proceso para beneficio propio. Con el pretexto del tiempo transcurrido, tiempo que transcurre por propio ejercicio de la defensa -no nos olvidemos que llevamos más de 50 audiencias, 14 apelaciones, más de 4 apelaciones en cámara de casación penal, e incluso el propio Superior Tribunal de Justicia tuvo que intervenir en esta causa- ahora esa demora es utilizada para decir que, como la causa está trabada, estas personas no pueden seguir detenidas en la UP3 con prisión preventiva sin condena y, de esa manera, logran el arresto domiciliario. Esto no es habitual que suceda en un caso de estas características, en una causa penal con la cantidad de indicios y pruebas de la culpabilidad del crimen que se les adjudica a los imputados. En noviembre del año pasado se terminó la investigación de la causa y se pidió la elevación a juicio. Ya llevamos dos audiencias de elevación a juicio que se han frustrado por este oficio famoso a Facebook.”
El abogado defensor cerró la nota con una sentencia dolorosa y concluyente: “Por 110 pesos le arrebataron la vida y ahora, por 600 pesos, privan de justicia a Mariela y su familia.”
