La antigua joya del Pacífico, que en el recuerdo de muchos extranjeros aún suscita visiones hollywoodienses de brillantina y platino, es una población estragada por el crimen, con la tercera tasa de homicidios más alta del mundo, después de Caracas y San Pedro Sula (Honduras), y donde las bandas de narcos libran una guerra brutal por el control del territorio. En sus calles, la seguridad es escasa, y las matanzas, habituales. Más de 2.000 policías municipales, cerca del 80%, mantienen una huelga salvaje desde hace meses, tras negarse sospechosamente a pasar las pruebas de idoneidad y los controles antidroga. Su ausencia se ha suplido con un combinado de Policía Federal, Ejército y Marina, pero el caos es tal que hasta una semana más de un centenar de colegios no habían abierto sus puertas por miedo a los asaltos.
En este ambiente hostil, el hallazgo de los cadáveres se inscribe como un capítulo más en la historia de degradación de la ciudad portuaria. Los cuerpos llevaban tiempo abandonados. Algunos estaban momificados, otros en descomposición. Muchos habían sido envueltos en sábanas blancas. Alguien había tomado la precaución de cubrir los restos de cal viva. El mal olor, sin embargo, pudo más y alertó a los vecinos. El crematorio, una construcción de una sola planta y de unos 70 metros cuadrados, había dejado de funcionar en 2009.
Uno de los motivos de mayor sospecha era que los cadáveres correspondían a épocas muy diversas, hasta llegar a cuerpos relativamente recientes. Este hecho abonaba la hipótesis de que el lugar fuera utilizado para dejar ejecutados por las bandas. También se manejaba la posibilidad de que el crematorio hubiese sido empleado como depósito clandestino de alguna funeraria. “A estas alturas, no podemos asegurar ni descartar que haya intervención del crimen organizado”, dijo un portavoz oficial.
El hallazgo de cadáveres es habitual en Guerrero. Solo en 2014 se recuperaron más de 189 osamentas en el Estado sureño, 149 de ellas en Iguala, a sólo 200 kilómetros de Acapulco. En gran parte de los casos, las identificaciones son imposibles debido a la práctica del narco de quemar los cuerpos hasta convertirlos en ceniza. La lentitud de los forenses es otra causa de la incapacidad para dar nombre a estos muertos. Un ejemplo de ello, lo dio el caso Iguala. En las primeras semanas de búsqueda se halló una fosa con 38 cuerpos que, en un principio, se atribuyeron a los normalistas. Luego se descartó, pero a día de hoy siguen sin haber sido identificados plenamente.
Estas carencias engrosan la cifra de los desaparecidos, ese espectral reino al que pertenecen 23.000 personas en México y que constituyen una de las más terribles derivaciones de la guerra contra el narco.
