Una sociedad inmersa en un contradictorio y complejo proceso de recuperación luego de décadas de decadencia quedó sometida a la coacción de un grupo patronal agropecuario articulado por la trama multinacional sojera. El poder emergente de estos años, fruto de un importante cambio del paradigma tecnoproductivo agrario, se hace presente en forma brutal ante la cándida mirada de los guardianes de los buenos modales. Estos se habrían escandalizado sólo con un par de las agresiones verbales lanzadas por los líderes del Partido del Campo si esos excesos hubiesen estado en boca de dirigentes “populistas” o militantes sociales. El silencio ante esos discursos sería una irresponsable complicidad de protagonistas políticos que aspiran a un país democrático y de desarrollo con inclusión social.
A esta altura ya no se trata de la deficiente política agropecuaria de la administración kirchnerista, o sus errores estratégicos ni sus equivocadas intervenciones en sectores sensibles a través de la Secretaría de Comercio Interior. Estos son temas relevantes para su revisión histórica, y el Gobierno ya pagó en las urnas y sigue pagando en el terreno del capital simbólico por esas debilidades. La cuestión relevante a futuro pasa por el riesgo de caminar hacia una profunda crisis, que hoy no está presente pese a la vocación para instalarla en el sentido común. Los períodos económicos con hegemonía política de los grupos dominantes de la Sociedad Rural, como los vividos durante la gestión Martínez de Hoz (familia ayer reivindicada por Mario Llambías) y en los años de la convertibilidad son antecedentes cercanos para aproximarse al destino de desamparo para las mayorías. La mirada distraída del denominado progresismo, atrapado de la mezquina especulación electoral de “no quedar pegados”, adelanta sus futuras marchas militantes para mejorar la distribución del ingreso en el terreno testimonial que más se siente cómodo. La propuesta de la Mesa de Enlace de rebaja de retenciones beneficiaría a no más de 100 mil productores de tamaños diversos y patrimonios considerables. El monto que resignaría el Estado con ese plan es casi equivalente al dinero necesario para la universalización de la asignación por hijo para unos seis millones de desocupados y trabajadores en negro. El Grito de Figueroa Alcorta que ayer se siguió expresando en la Rural sabe en qué consiste la distribución del ingreso.
