Ademas Pintos se refirió luego a que existen “dos derechos protegidos constitucionalmente y que, aparentemente, se encontrarían en pugna” en este conflicto, y son el “derecho de los trabajadores de adoptar las medidas de fuerza que consideren hacen a su derecho laboral y por el otro está el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes”. Al respecto remarcó que “los directamente perjudicados” por la situación “son terceros ajenos a dicho conflicto -al menos en lo que refiere a la cuestión salarial- y que no han tenido oportunidad de ser oídos antes de tomar la decisión finalmente adoptada”.
En tanto, la magistrada acotó que el dictado de la conciliación obligatoria “no implica de ninguna manera poner a las entidades gremiales y sus trabajadores representados por su intermedio, en una situación de inferioridad o de debilidad frente a la otra parte. No significa el fin de las paritarias ni la intencionalidad de anular el ejercicio del derecho de huelga reconocido en nuestra Constitución sino que, por el contrario, es una medida necesaria de urgencia en función de la falta de servicio educativo y de restablecimiento de un medio y ámbito de diálogo que permita intentar arribar a un acuerdo en pos de todos los actores del conflicto y de quienes son receptores directos de sus consecuencias”.
Tras confirmar el acatamiento de la conciliación judicial y, en consecuencia, la decisión de dejar sin efecto el paro de actividades que estaba previsto para el lunes, martes y miércoles próximos, Agmer informó que exigirá a la Jueza laboral que dictó la medida que “disponga que el CGE se abstenga de aplicar cualquier tipo de sanción o descuento a los docentes que han hecho ejercicio del derecho de huelga”. El sindicato atribuyó la decisión judicial a una “maniobra dilatoria del Ejecutivo” y convocó a un nuevo congreso provincial para el jueves.
El secretario Adjunto de Agmer, Alejandro Bernasconi había anunciado que el sindicato acataba la conciliación que dispuso la Justicia y concurrirá a la audiencia. “Nuestros asesores legales nos indicaron la necesidad de acatar el fallo, por lo que hemos decidido concurrir el próximo lunes a la convocatoria judicial realizado por la jueza de primera instancia en lo laboral, Gladys Pinto”.
Tras el dictado de la conciliación y su acatamiento, Agmer emitió un comunicado en el que repudia “que en la disposición a conciliación no se establezcan acciones hacia el Consejo de Educación”, por lo cual exigen a la Jueza laboral interviniente que “disponga de forma inmediata que el CGE se abstenga de aplicar cualquier tipo de sanción o descuento a los docentes que han hecho ejercicio del derecho de huelga”.
El sindicato también denuncia “como una irregularidad el hecho de que, antes de que llegara la notificación formal al sindicato, la disposición de la jueza ya circulaba en los medios de prensa”.
En otro párrafo el gremio advierte: “Esta maniobra dilatoria del Ejecutivo provincial que legalmente estamos obligados a cumplir no resuelve de ninguna manera el conflicto si en el marco de la conciliación el Gobierno provincial no presenta una nueva propuesta de recomposición salarial que dé cuenta de la contrapropuesta resuelta por unanimidad en el último congreso del sindicato, es decir, una recomposición salarial de un 20 por ciento a partir del mes de marzo y de un 15 por ciento a partir de junio; el blanqueo de los 250 pesos en negro propuestos por el Gobierno en concepto de “material didáctico”; y la devolución de los días descontados por huelga.
Ante la resolución judicial, la comisión directiva de Agmer resolvió “convocar de manera inmediata a un nuevo congreso provincial de la entidad para el día jueves 20 de marzo, en la ciudad de Victoria”.
Bernasconi, afirmó que “este tipo de fallos son inapelables”, por lo que se trata de una cuestión legal “de la cual no podemos apartarnos”.
“Las disposiciones a conciliación obligatoria cuando son realizadas por un juez laboral, no corresponden acatarse o desacatarse, sino que son de cumplimiento obligatorio. Por lo tanto, con el objeto de resguardar jurídicamente a la entidad sindical y a nuestros afiliados ante la eventualidad de que las medidas de fuerza dispuestas sean consideradas por la Justicia como ilegales, resolvemos dar cumplimiento a lo dispuesto por la jueza, dejando en suspenso los paros previstos para los días 17, 18 y 19 de marzo de 2014”, se indica en el comunicado.
Amet también acató
El gremio, al igual que Agmer, decidió acatar la disposición, dejar sin efecto el paro de 72 horas y acudir a la audiencia, se informó.
El gremio realizó “la consulta jurídica correspondiente a la asesoría legal de la entidad, que se pronunció manifestando que corresponde su acatamiento”.
Por ello, AMET resolvió “acatar la sentencia de conciliación obligatoria y asistir a la audiencia del lunes”.
