Por su parte el ministro Arana señaló que cada autorización otorgada está condicionada a la presentación de planes de gestión ambiental. ENCE ya tiene una de estas autorizaciones para la remoción de tierra para el inicio de las obras mientras que Botnia posee 4 relacionados a la ingeniería y está gestionando el 5° plan.
El ministro recacló que la tecnología que se usará en ambas empresas está avalada por la Unión Europea aunque en el futuro se podrán imponer nuevas exigencias “en consonancia con los avances científicos para incrementar garantías medio ambientales”.
INFORMACIÓN
“Uruguay cumplió con la obligación de informar a Argentina y proveyó la información que Argentina solicitó” señaló el actual embajador uruguayo ante la ONU, Felipe Paolillo.
Paolillo, al igual que el ex Director de la División de Impacto Ambiental del Ministerio de Vivienda, Ing. Andrés Saizar, primer orador, relató los pasos dados por Uruguay en el marco de las negociaciones con Argentina.
El embajador señaló que los mecanismos para brindar esta información no fueron los establecidos por el Estatuto del Río Uruguay ya que “los dos países decidieron, al más alto nivel, cambiar el procedimiento.”
Además afirmó que desde Argentina se exigían más reportes a pesar de que el gobierno brindaba información porque ésta “tal vez no satisfacía sus propósitos de impedir la construcción de la obra ya que de ella no surgía un perjuicio o un daño a la calidad de las aguas del río”.
Según relató, el actual presidente Néstor Kirchner, informó en la memoria anual de 2004 al Congreso argentino sobre una reunión entre los entonces cancilleres Didier Opertti y Rafael Bielsa (llevada a cabo el 2 de marzo del mismo año).
“En esa memoria”, señaló Paolillo, “el presidente Kirchner le informa al Congreso, y cito: ‘ambos países firmaron un acuerdo bilateral, poniendo fin a la controversia por la instalación de una planta de celulosa en Fray Bentos’”.
