En efecto, la joven con discapacidad mental a la que la justicia entrerriana quiere obligar a tener un hijo producto de una violación, se encuentra alojada en el Consejo Provincial del Menor y es reclamada por su familia y por el defensor de pobres y menores. “Queremos una respuesta porque ella nunca estuvo fuera de la casa y el violador sigue suelto” dijo la hermana de la joven en un claro mensaje al gobierno provincial. En tanto, el defensor de menores dijo “yo no pido el aborto, sino que restituyan la chica a su madre”. Mediante una acción que queda al límite de la ilegalidad, el gobierno de la provincia a través del Consejo del Menor puso bajo su custodia a la joven-niña violada y, por si fuera poco, impiden a la familia de sangre tome contacto con ella. Cada vez surge más evidente el doble discurso y el coqueteo con la iglesia por parte de este gobierno.
DEFENSOR
“Yo no pido el aborto, sino que restituyan la chica a su madre”, dijo el defensor de menores. “La chica está internada desde el lunes en un lugar en donde no se le están haciendo los controles médicos que necesita”, afirmó el defensor de Pobres y Menores, Pablo Barbirotto, que representa los derechos de la madre de la joven de 19 años discapacitada que fue violada y la Justicia le prohibió interrumpir su embarazo. El letrado afirmó: “Yo no estoy solicitando el aborto de la menor, lo que pido es que inmediatamente sea restituida a la madre y a su seno familiar”. Además, indicó que la chica se encuentra alojada en el Consejo Provincial del Menor y “la madre tiene un régimen de visitas: lunes, miércoles y viernes de dos horas por la tarde”.
FAMILIARES
Familiares de la joven con capacidades diferentes que fue violada también reclaman que el CPM les restituya la tenencia de su hija. “Queremos una respuesta porque ella nunca estuvo fuera de la casa y el violador sigue suelto”, cuestionó ante Análisis Digital, la hermana de la joven discapacitada abusada sexualmente a la que la Justicia le impidió realizarse un aborto y que aún sigue bajo la custodia del Consejo Provincial del Menor (CPM). Así, los familiares criticaron la resolución del organismo que les impide tomar contacto con la muchacha y manifestaron que quieren que la jueza a cargo “se ponga a trabajar”. Por su parte, la investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Mariana Romero, manifestó que la situación de esta familia “es injusta y perversa”. Además, comentó que la joven “tiene derecho de ver a sus seres queridos”.
EL HECHO Y LA JUSTICIA
La menor actualmente está alojada en el Consejo Provincial del Menor ya que, según Barbirotto, en la medida cautelar que estableció la jueza (Claudia Salomón), a pedido de la defensora María Marcela Piterson, se la separó de la madre y se la puso en un internado. “Va a quedar ahí hasta que se termine el embarazo. O sea, desde el Consejo del Menor se le darían los cuidados necesarios hasta que nazca la persona”, contó el representante de los intereses de la madre, en una entrevista hecha en el programa Letra V, que se emite por Radio 9 de Concepción del Uruguay.
En este sentido, Barbirotto afirmó que la menor “jamás había dormido fuera de su casa”, y remarcó que “desde el lunes está internada en un lugar en donde no se le están haciendo los estudios médicos que necesita, ya sea ella como a su bebé. La familia es muy humilde. Son 11 hermanos, mientras ellos dormían de a dos por cama, la chica discapacitada era la única que tenía una cama para ella sola”.
Por otro lado, opinó sobre la cuestión de la posible interrupción del embarazo cuando dijo que la Justicia no debe meterse en el ámbito privado de las personas, como en este caso puntual, ya que “este es uno de los dos únicos casos que autoriza el Código Penal para interrumpir el embarazo. La chica tiene una discapacidad mental severa y fue violada. El código Penal contempla este caso”, sostuvo.
“Si a mí me dan la autorización para que la menor sea restituida a la madre y una comisión médica determina que es factible la interrupción del embarazo no tenemos que soportar más injerencia por parte del Estado, ni de la Justicia en esta cuestión que es un acto personalísimo que está dentro de la esfera privada de los derechos de las personas. El Código Penal en ningún lugar dice que se necesita autorización”.
