El organismo requirió casi el doble de financiación para atender los compromisos mensuales del segundo semestre que se estiran a 13 millones de pesos cada 30 días, pero el Ejecutivo sólo le otorgó 7 millones.
La norma establece que una vez que el Instituto de la Vivienda reciba los fondos nacionales, los reintegre al Tesoro provincial, como condición para acceder a los recursos en el mes próximo.
La operación está justificada en los considerandos del decreto en que la Nación deposita los fondos para el IAPV 25 días después de que éste presenta los certificados de obra provocando “inconvenientes en el ritmo de las obras, generándose reprogramaciones de la curva de inversión y demoras en la entrega de las viviendas, costos financieros para el Instituto, además de atrasos y/o reducciones de los ingresos por salarios”.
