El Gobierno solicitará ante la Comisión del Río Uruguay un plan para vigilar Botnia

Tal como lo acordaron Cristina Kirchner y José Mujica, el Gobierno nacional solicitará a la Comisión Administradora del río Uruguay (CARU) la puesta en marcha de un plan de control interno de la pastera UPM (ex Botnia ).
El monitoreo exhaustivo del funcionamiento de la planta puertas adentrofue ordenado por la Corte Internacional de la Haya, en su fallo sobre el conflicto, y fue también proclamado por los presidentes de ambas naciones en controversia, hace tres semanas durante la cumbre de Anchorena.
Ayer, además, los piqueteros de Gualeguaychú confirmaron que analizan levantar el corte que mantienen sobre el paso internacional a Uruguay, si las autoridades nacionales garantizan la realización de un monitoreo ambiental dentro de la planta de celulosa. La medida, que incluye levantar el corte por dos meses, se debatirá en asamblea mañana. Mientras, en este marco, fuentes de cancillería explicaron al diario La Nación que la reunión técnica del Gobierno ante la CARU está prevista dentro de los próximos 10 días.
Desde el Ejecutivo uruguayo, una fuente oficial confió al diario Clarín que el gobierno de ese país «no va a aceptar que ninguna entidad extranjera ingrese a una fábrica, que funciona dentro de su territorio, para analizar su proceso productivo”.
Pero aclaró que «sí dará, como ha sostenido desde que empezó el conflicto, las mayores garantías para compartir el monitoreo en las aguas del río Uruguay, punto que está dentro del estatuto de la CARU y al que hizo referencia el dictamen de la Corte Internacional de La Haya”.
La resolución de la Haya establece la realización de un control ambiental «conjunto y continuo» en las aguas compartidas. “Plantearemos la instrumentación de un sistema de vigilancia ambiental completo, que se corresponda con el que requieren las plantas de ese porte, y bajo el concepto de monitoreo continuo y con mecanismos de confianza «, señaló un diplomático a La Nación.
En la cumbre de Anchorena, Cristina Kirchner y Mujica acordaron un plazo como máximo de 60 días para elaborar un plan de vigilancia ambiental.

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