La decisión de rescindir los contratos de arrendamiento fue anunciada por el mandatario en septiembre, pero hoy fue ratificada tras los encuentros que mantuvo en Capital Federal, acompañado por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. “Seremos muy estrictos ante cualquier irregularidad de esta índole. Hay mucha irresponsabilidad y en el contexto que estamos viviendo no podemos permitir este tipo de conductas”, aseveró.
Tras evaluar la compleja situación que atraviesan la provincia y la región en razón de la persistente sequía que azota buena parte del territorio nacional y enumerar los perjuicios que ocasiona no solamente a los sectores del agro, sino a diversas actividades vinculadas, el gobernador destacó que Entre Ríos es uno de los pocos distritos en los que se ha llevado a cabo un minucioso relevamiento en conjunto con los organismos nacionales. “El panorama es alarmante”, advirtió Urribarri.
A tal situación, sumo las contingencias derivadas de la crisis económica mundial y dio paso a un informe brindado por el ministro de Economía, Diego Valiero, que reveló claramente que “la merma ocasionada en la recaudación es producto de la postergación del revalúo del Impuesto Inmobiliario Rural -unos 50 millones de pesos- y por la crisis financiera internacional”.
En este marco, y de cara al nuevo año, el mandatario anuncio una serie de medidas a instrumentar en materia presupuestaria: “La programación del presupuesto se aplicara estrictamente y en función de los niveles efectivos de recaudación”, expresó. Luego, añadió: “cada área de la administración deberá instrumentar un férreo control del gasto y para cada proyecto se deberá constatar la viabilidad presupuestaria y financiera”.
