La norma determina que los ciudadanos que pretendan participar de este procedimiento deberán tomar vista del expediente en la sede de la Oficina Anticorrupción, en avenida Rivadavia 352 de Paraná. Allí se presentarán también las opiniones y propuestas sobre el tema durante un plazo mínimo de 30 días.
Luego de este proceso, la Oficina dependiente de la Fiscalía de Estado deberá elevar al Poder Ejecutivo el proyecto resultante, en un término que no podrá superar los 30 días desde el vencimiento del plazo para presentar propuestas. Este término podrá ser ampliado si se lo considera necesario por el volumen de las presentaciones a analizar.
Este mecanismo participativo, según dice el decreto de Sergio Urribarri, se adoptó a partir de la solicitud que hizo la OAEP para la discusión del proyecto. Una vez redactado en forma definitiva, si es remitido a la Legislatura y aprobado por ambas cámaras, se elevaría a rango de ley la regulación del derecho al acceso a la información, que actualmente rige en Entre Ríos por el Decreto Nº 1.169/05 emitido durante la gestión del ex gobernador Jorge Busti.
La medida coincidió con la creciente demanda social de acceso a la información vinculada a asuntos de su interés a cargo del Estado.
Con respecto a la regulación actual, el anteproyecto busca ampliar la obligación de dar información a empresas que reciben subsidios del Estado; al tiempo que crea una comisión colegiada para coordinar tareas vinculadas a este derecho.
Además, en la reciente norma se remarca la necesidad de dar rango constitucional a este derecho: “Sería conveniente que a través de la próxima reforma de la Constitución provincial se incorpore expresamente el derecho de acceso a la información pública tal como ya lo han hecho las provincias de: Buenos Aires; Catamarca; Córdoba; Chubut; Formosa; Jujuy; La Rioja; Misiones; Río Negro; Santa Cruz; Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se expresa.
Incluso se asegura que se tuvieron en cuenta todos los proyectos de ley elaborados sobre este tema que se encuentran en la Legislatura provincial, así como también los elaborados a nivel nacional.
El anteproyecto de la OAEP define que su objeto es “regular el mecanismo de acceso a la información pública en el ámbito de la provincia de Entre Ríos, estableciendo el marco general para su desenvolvimiento”.
Expresa que “toda persona física o jurídica puede ejercitar su derecho a requerir, consultar y recibir información que sea de carácter público de cualquiera de los sujetos mencionados como obligados a brindarla”.
