Cuando el funcionario fue consultado sobre si el hecho de que un Gobierno sea reemplazado por otro significaba el reemplazo de alguna dinámica de trabajo. “Hay aspectos que no pueden soslayarse como la matriz de recursos (coparticipación nacional, recaudación propia, remesas a los municipios), la prestación de ciertos servicios, la estructura salarial, planes de obra que se están ejecutando y que seguirán o serán terminados en 2008, la distribución de coparticipación a los municipios, que marcan una presencia por sí mismos en el ejercicio que viene y que, en mi opinión, no se modifica por el solo hecho de que haya cambio de gestión”, explicó. No obstante, aclaró que aún dentro del estrecho margen que las cuentas públicas toleran “existen mecanismos establecidos (decretos y leyes) para producir adecuaciones, si se creyeran necesarias”.
Ante una pregunta puntual, el funcionario no evitó subrayar que “la idea es que sea esta Legislatura la que apruebe el presupuesto 2008, para que la estructura general no se vea resentida en su funcionamiento”. A lo que se refiere Valiero, puntualmente, es que antes del recambio el equipo económico entrerriano —que continuará con Sergio Urribarri— deberá rediscutir con la Nación los términos en que el Estado federal refinanciará los vencimientos de deuda que operan en 2008. Y, justamente, una de las condiciones que impone el programa de financiamiento ordenado es que el presupuesto está aprobado, además de que ciertas y determinadas metas sean alcanzadas en los plazos previstos. Si esa discusión no se resolviera favorablemente, no duda Valiero de que Entre Ríos por su propia cuenta y cargo no podría afrontar los compromisos sin que se vean fuertemente afectados los servicios que se prestan.
“El superávit que tenemos no nos alcanza para pagar íntegramente los servicios de la deuda que vencen en 2008, estimados en unos 350 millones en amortización de capital; de manera que, tal como ha venido ocurriendo en los últimos años, la Nación deberá intervenir para hacerse cargo de una parte”, aceptó, no sin machacar que “sin el presupuesto aprobado, ni una autorización expresa para tomar ese endeudamiento ninguna provincia podrá terminar la gestión”.
La deuda
Si bien es cierto que a partir de 2008 los montos de vencimiento de deuda decaen de manera notoria, no es menos real que, progresivamente, a medida que las cuentas públicas provinciales fueron mostrando un mejor aspecto, la Nación mantuvo su participación en el refinanciamiento sí, pero su intervención fue cada vez menos intensa, como si lentamente se fuera retirando del centro del escenario. “¿Que el volumen de la deuda se reduzca ostensiblemente significa que la provincia tendrá por ese hecho mayores recursos a disposición para el ejercicio que viene?”, preguntó esta Hoja. “Aún no vamos a estar desahogados, de ninguna manera”, señaló Valiero. “Lo que pasa es que el programa sigue siendo beneficioso porque nos permite ‘achatar’ el impacto de los pagos, es decir, lo que debiéramos abonar ya lo desembolsamos en 16 o 20 años”, expuso.
Sobre el modo de calcular la actualización de la deuda, hubo un planteo entrerriano en una reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. A aquella propuesta la tomó la Secretaría de Hacienda de la Nación y, en el ínterin, la repartición ofreció alternativas que, evidentemente, no han terminado de conformar a las jurisdicciones. “Nosotros tenemos unos 3.000 millones de pesos en deuda y de eso, una gran proporción, que oscila entre un 55 y un 60 %, tiene ajuste CER; lo que ocurre es que cuando hay impacto inflacionario el índice CER se hace notar”, indicó. Cabe mencionar que el programa de financiamiento ordenado se alimenta de un fondo fiduciario que, a su vez, consigue los recursos del sector privado, mediante la colocación de títulos públicos. Con ese ‘dinero fresco’ se le paga a distintos organismos internacionales los vencimientos de deuda. Así, las provincias cambian de acreedor, pasan a ser ahora deudores del fondo fiduciario pero en mejores condiciones. Claro, si los recursos provienen de títulos públicos, sus tenedores han adquirido derechos que no pueden ser afectados unilateralmente. De manera que la única posibilidad es que la Nación se haga cargo de, por ejemplo, el pago de la mitad del impacto CER y que al resto lo aporten las provincias, estrategia que descomprimiría la carga financiera.
En concreto, el presupuesto nacional 2008 no incluye ninguna variante al actual esquema. Es decir, no hay aún posición tomada.
