A través del Decreto 624/2020 de Emergencia Pública publicado este miércoles en el Boletín Oficial y con la firma de todo el Gabinete, hasta el 30 de septiembre las empresas no podrán echar a sus empleados sin justa causa y por las causales de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo. En el texto se aclara que es en el marco del «aislamiento» pero también del «distanciamiento social, preventivo y obligatorio», abarcando de esa manera a todo el país.
Los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto, no producirán efecto alguno y se mantendrán vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales. De todas formas, se aclara que no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia.
Los fundamentos son los mismos que en el decreto que se dictó el 1 de abril y se prorrogó el 1 de junio: en el texto publicado se destaca que esta crisis excepcional exige prorrogar la oportuna adopción de medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo.
Desde el Gobierno decidieron establecer la prórroga porque «resulta indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social» e indican que «ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio, procura remediar».
Desde el Ministerio de Trabajo no descartan que vuelva a prorrogarse si la crisis económica producida por el aislamiento social se prolongara.
