Ayer, tres vocales de la Sala Penal del STJ, Miguel Ángel Giorgio; Daniel Carubia y Claudia Mizawak, difundieron un texto en el acusan al gobierno de falta de transparencia en los concursos para cubrir cargos de jueces.
El hecho sucedió cuando la ministra de Gobierno no se encontraba en la provincia. Romero había viajado a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, por diversos temas como los fondos para el mantenimiento y construcción de carceles y la implementación del juicio por jurados, entre otros temas.
En la carta, los integrantes de la Sala Penal manifiestan que entienden que: «es necesario expresar nuestra opinión respecto de algunos aspectos que no favorecen la transparencia e imparcialidad del órgano asesor en su proceder. En ese orden, no deja de sorprender la reiteración de jurados técnicos en Concursos del Fuero Penal».
En otro párrafo, señalaron que «debería evitarse todo prejuicio de posible interés de quienes realizan esa tarea y, en especial, creemos altamente inconveniente que, en un sistema procesal en el que el Ministerio Público Fiscal tiene la potestad de promoción y ejercicio de la acción penal pública, así como de conducir las investigaciones consecuentes, con el control de los Jueces de Garantías -únicos límites al poder de los Fiscales-, sea precisamente la Procuradora Adjunta quien integre el jurado de selección de los ocho cargos vacantes de Jueces de Garantías existentes en la provincia, con lo cual, sin desconocer la idoneidad, experiencia y buena fe que puede guiar a dicha funcionaria, resulta indudablemente empañada la real independencia y ecuanimidad del proceso por la circunstancia de que la segunda en el orden jerárquico de jefatura de los Fiscales sea quien seleccione a los Jueces que deberán controlar sus actuaciones, lo cual despertará natural suspicacia e incomodidad en quienes pretendan participar en los concursos Nos. 252 (3 cargos para Concordia), 253 (2 cargos para Paraná), 254 (1 cargo para Colón), 255 (1 cargo para Nogoyá) y 256 (un cargo para Villaguay)…».
Romero, de activa participacion hace muchos años en temas que atañen a la Justicia como el Consejo de la Magistratura en Entre Ríos, siempre da a conocer su opinión acerca de cuestiones relativas a ese ámbito. Por tras la primera audiencia del juicio por jurados populares realizada el mes pasado, resaltó la importancia de implementar ese proceso en la provincia. “La experiencia del Juicio por Jurados es de significativa importancia en la democracia entrerriana, especialmente porque el Poder Judicial tendrá la mirada ciudadana en el juzgamiento de los casos penales de mayor envergadura”, sostuvo.
En agosto pasado, Romero fue consultada por Página Politica en una entrevista donde se abordaron varios temas. Cuando le preguntaron sobre un tema que tiene cierta similitud con la carta de la Sala Penal, si se debería reformar el Codigo Penal por las quejas del Colegio de Abogados respecto de que los Jueces de Garantías no estaban en igualdad de condiciones que los fiscales, Romero respondió que creía que el sistema acusatorio entrerriano debe ser probado por un tiempo mayor antes que producirle una reforma. «No soy amiga de las reformas de un sistema cuando hace poco empezó a funcionar, en este caso una década y apenas unos años en Paraná. Me parece que hay que dejarlo andar. La queja del Colegio se puede solucionar con medidas adecuadas hacia el interior y no modificando el Código. Esa queja la tenemos en la costa del Paraná y no en la costa del Uruguay». Habrá que ver que respuesta dará Romero ahora al tema planteado por la Sala Penal del STJ.
